Las reformas

Este último fin de semana, con cuatro mujeres y dos niños asesinados, puede y debe servir de reflexión para reformar algunas de las normas de convivencia y, sobre todo, de las reglas contra la violencia. Con referencia explícita al Ministerio del Interior que es en definitiva el responsable de que se cumplan. No es culpable de que existan los delincuentes, pero sí responsable al menos de que no aumenten. Y, hasta ahora el balance no es satisfactorio, aunque ojalá que el de estos últimos días no se repita. Más bien hay que exigir que ni siquiera se aproximen las cifras al horror vivido por el país entero.

Se ha escrito muchas veces que criticar es más fácil que gobernar. Pero, aunque eso sea así, cumple exigir de quienes son responsables de la seguridad ciudadana que realicen a toda costa su tarea. Especialmente en lo que se refiere a la protección frente a los ataques que tienen por objetivo a mujeres y niños. Y no se trata de minusvalorar a ambos grupos sino de observar que las mayores barbaridades que se contabilizan en el escalafón penal corresponden a daños en esos colectivos. De forma especial entre los que fueron o son pareja, en la que el hombre mata a la compañera por un sentido de propiedad que termina en violencia asesina.

Lo que es inaudito e imperdonable es que la mayor parte de las víctimas han denunciado previamente ataques o agresiones de diferentes tipos, denuncias que al final no han servido para gran cosa a la hora de hacer recuento de daños. Eso habla de que la violencia en España está creciendo –y lo confirman estadísticas oficiales–, que el número y organización de los criminales también aumenta, que son cada vez más frecuentes las bandas juveniles según el modelo de las maras iberoamericanas y, en resumen, que las reformas legales que se citaban son imprescindibles. Habrá que esperar a que el Congreso entienda que los asuntos de sus señorías son mucho menos importantes que los males del pueblo llano, y que esto tienen preferencia a la hora de las soluciones.

Ocurre que en un país de más de 48 millones de habitantes, no hay proporción con los recursos destinados a protegerlos. Se necesitan refuerzos en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, material efectivo para que las posibles víctimas cuenten con ayudas inmediatas y, en fin, todo aquello que Policía Nacional o Guardia Civil necesiten para cumplir con efectividad su labor. Por eso se responsabiliza al Ministerio del Interior, aún desde la aceptación de que es imposible asignar custodia individualizada a cada persona que denuncia un riesgo.

Es por eso por lo que se reclaman reformas legales –que corresponden al Congreso–, porque no es razonable que individuos agredan sin castigo adecuado a niñas ni que en vez de utilizar recursos para la protección de las agredidas se dediquen –los recursos– a abaratar entradas de cine o viajes en transporte público. Estos últimos fines pueden dar votos, pero no seguridad, y por eso se señala al ministro del Interior como garante –por encargo de la Presidencia– de la tranquilidad social.

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