Guerra de pisos

Hay, entre los asuntos que estos días más contribuyen a consolidar la sensación de gran parte de la sociedad de que la política en general y su práctica por no pocos dirigentes se ha salido de madre. Y no sólo porque la dialéctica que emplean sus portavoces es casi bélica –recuerda a veces a la de Calvo Sotelo y Dolores Ibárruri durante la II República–, sino también porque el ejercicio no aparenta a buscar soluciones, sino más bien aumentar la tensión en la que vive el país.

Sería fácil exponer, a modo de prueba, multitud de ejemplos de todo tipo y dimensión, pero bastan dos para dejar clara la opinión, personal como siempre, de quien la expone. Uno, municipal, localizado en Galicia, a raíz del episodio de O Carballiño, en que los concejales y alcalde del PSOE pactaron un acuerdo con el PP para un nuevo gobierne local y repartirse el tiempo restante de mandato. Lo extraño, además del hecho mismo, es lo que lo rodea: los socialistas fueron descalificados por su propio partido mientras los populares hablan de “garantizar la estabilidad”.

El segundo, ya de mayor dimensión y alcance, tiene a este Antiguo Reino y –por ahora– a su capital–, en lo que podría llamarse “la guerra” de los pisos. Narrada con maestría por FARO, podría decirse que es una extensión e infección, de la que se libra en toda España, producto a su vez de una Ley que complica más que resuelve, la de Vivienda, y que ahora mismo tiene una derivada en los alquileres y otra más concreta en los llamados pisos turísticos. El sector lleva clamando contra ellos por competencia “desleal”, pero de momento nadie responde.

Todo ello, y más, procede, por contradictorio que parezca, del éxito de España –y de Galicia– en la captación de visitantes extranjeros. Que, además de dejar miles de millones, abarrotan playas, ciudades y hoteles de modo que complican la vida a los lugareños y encarecen los servicios públicos. Ahora, el dilema es extraordinariamente complicado: si el turismo se resiente –por imposición de tasas, verbigratia–. padecerán las arcas públicas y también las gentes del lugar. Algo que exige buenos políticos que sepan afrontarlo. Y escasean.

La señora alcaldesa (BNG) de Santiago, que fue la primera en plantear tan espinosa cuestión, presentó un plan de máximos rechazado por el PSOE. Algo arriesgado, porque podría llevar a doña Goretti –como mínimo– a gobernar en minoría y al Bloque, a la impopularidad más dolorosa, que es la de los votantes. Pero hay margen entre todos para que Compostela, que tiene factores de carácter religioso que no pueden olvidarse, halle una salida que, si no a todos, satisfaga a la mayoría y acabe con la “guerra de los pisos”. Los turísticos y los otros.

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