El alquiler subió en Vigo el último año más que en Sevilla, Zaragoza, Murcia o Córdoba

Alquilar un piso en Vigo es cada vez más complicado y desesperante. A los innumerables requisitos que exigen los propietarios, entre ellos, no fumar dentro o no meter mascotas, se suma el contratiempo principal: el precio. Según la información recogida por el portal inmobiliario Idealista, uno de los más utilizados por ciudadanos para encontrar un espacio donde vivir, el metro cuadrado en la urbe olívica en junio llegó a 10,2 euros de media, el máximo histórico, cartel que comparte con abril –en mayo, cayó solo 10 céntimos–.

La situación es preocupante. Y, para demostrarlo, basta con compararla con la de otras grandes ciudades de España. El precio medio del alquiler en Vigo se incrementó en el último año un 8,9% –pasó de 9,4 euros a 10,2–. Es un porcentaje superior al de urbes con más población que la olívica, como Valladolid –8%–, Córdoba –6,9%–, Bilbao –8,7%–, Murcia –6,2%–, Zaragoza –8,3%– o Sevilla –6,5%–. Lejos quedan las cifras de las plazas más relevantes del país, como Málaga –16,5%–, Barcelona –17,8%–, Palma de Mallorca –17,8%–, Madrid –17,9%– o Valencia –19%–.

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En el resto de ciudades de Galicia, el escenario también trae de cabeza a representantes públicos. El porcentaje de incremento del precio medio del alquiler en Pontevedra, Ourense, A Coruña, Ferrol y Lugo es mayor que en Vigo, con un 10,3%, 12,1%, 12,4%, 14,3% y 17%, respectivamente. Por debajo, queda solo Santiago, con una subida interanual de un 7,5%. Precisamente, el Ayuntamiento de la capital gallega ya se ha puesto manos a la obra para frenar las viviendas de uso turístico, vinculadas con el alza de los precios del alquiler tradicional.

Más de un año después de la entrada de en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda –no se aplica en Vigo todavía–, que da la opción de topar los precios y ofrece medidas para proteger a inquilinos vulnerables, el acceso a un piso o una casa en alquiler en la ciudad es más difícil: la oferta se ha reducido considerablemente –a la vez, no dejan de incrementarse las viviendas de uso turístico– y los precios han subido hasta llegar al máximo a la espera de que se apruebe definitivamente el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pendiente de informes estatales.

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Ayer, a las 14.00 horas, solo había disponibles ocho viviendas en alquiler por menos de 500 euros de las más de 440 anunciadas: seis estudios –uno, de 25 metros cuadrados– y dos pisos –uno, solo para estudiantes–. A las 16.30 horas, de esas ocho, solo quedaban cinco. Existe mucha demanda y poca oferta: hay, de media, 25 personas interesadas en cada propiedad. Resultado: los precios suben. La gran esperanza es la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral, que proyecta casi 51.500 viviendas, de las que se prevé que más de 14.000 sean protegidas, por tanto, más asequibles.

El Sindicato de Inquilinas de Vigo–Tui–Baixo Miño defiende imponer topes a los alquileres y reclama, a su vez, la regulación de los pisos turísticos –se prevé en el nuevo Plan Xeral y el Gobierno de España ya trabaja en ello–, la creación de un parque público de vivienda en alquiler potente con la incorporación de las propiedades de la Sareb y la expropiación de las viviendas vacías: hay en torno a 13.000 en la urbe olívica, según los cálculos del Concello, que anunció a finales de mayo ayudas a propietarios para ponerlas en arrendamiento.

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Desde la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi) y la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), rechazan la limitación al precio del alquiler, ya que, según destacan, provocaría una caída mayor de la oferta y, consecuentemente, un alza de precios. Apuestan por el desarrollo “urgente” de viviendas de promoción pública. Uno de los proyectos más esperados es el de San Paio de Navia, con unas 1.600.

Actuaciones desde el Concello de Vigo

La responsable municipal del área de Urbanismo e Vivenda, María José Caride, aseguró hace más de tres meses que el Ayuntamiento “estudia” la declaración de zona tensionada del alquiler, medida que permitiría limitar los precios. Debe pedirla a la Xunta de Galicia y esta aceptarla para poder aplicarse. Indicó después que se daría este paso cuando la entidad autonómica, que tiene las competencias en materia de vivienda, le aportase los datos “reales y oficiales” de las cuantías de las rentas de los contratos de arrendamiento, información a la que cualquiera tiene acceso a través de las fianzas depositadas en el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

Semanas después, sin embargo, el alcalde, Abel Caballero, anunció que el Concello quiere saber en qué zonas de la ciudad el alquiler está tensionado y que, para ello, contrataría a una empresa para la elaboración de un informe al respecto, cuyas conclusiones permitirán al gobierno local iniciar el procedimiento para “obligar a la Xunta de Galicia” a buscar soluciones. El regidor señaló en ese momento que ya se había licitado el contrato. La intención del Ayuntamiento, según expresó su máximo responsable y confirmó en una entrevista a FARO días antes, es “velar por que haya alquileres asequibles para la gente joven”.

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