La ley de vivienda sortea Vigo tras un año en vigor: alquileres más caros y escasos

Un año después de la entrada de en vigor de la Ley por el Derecho a la Vivienda, el acceso a un piso o una casa en alquiler en Vigo es todavía más difícil por dos motivos: la oferta se ha reducido considerablemente y los precios se han incrementado hasta llegar al máximo a la espera de que se apruebe definitivamente el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), en tramitación todavía. En el camino, idas y venidas por parte de las administraciones públicas, tanto Concello como Xunta, sobre la necesidad de su aplicación –permite topa los precios y ofrece medidas para proteger a inquilinos vulnerables– todavía pendiente en la ciudad más poblada de Galicia.

Según la información del portal Idealista, el que agrupa más anuncios de pisos en casa en venta y alquiler, el precio medio del metro cuadrado en arrendamiento se incrementó desde 9,3 euros en mayo de 2023 a 10,2 euros en abril de este año, consecuencia, en gran parte, de la reducción de la oferta, que está en mínimos: no llegan a 400 los inmuebles disponibles debido, según la patronal inmobiliaria, a la falta de construcción por no disponer de un Plan Xeral actualizado y la inseguridad jurídica ligada al alquiler tradicional frente al vacacional, que crece a la vez que lo hace la popularidad turística de la ciudad.

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La responsable municipal del área de Urbanismo e Vivenda, María José Caride, aseguró hace más de dos meses que el Ayuntamiento “estudia” la declaración de zona tensionada del alquiler, medida que permitiría limitar los precios. Debe pedirla a la Xunta y esta aceptarla para poder aplicarse. Aseguró después que se daría este paso cuando la entidad autonómica, que tiene las competencias en materia de vivienda, le aportase los datos “reales y oficiales” de las cuantías de las rentas de los contratos de arrendamiento, información a la que cualquiera tiene acceso a través de las fianzas depositadas en el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

Hace tres semanas, sin embargo, el alcalde, Abel Caballero, anunció que el Concello quiere saber en qué zonas de la ciudad el alquiler está tensionado y que, para ello, contrataría a una empresa para la elaboración de un informe al respecto, cuyas conclusiones permitirán al gobierno local iniciar el procedimiento para “obligar a la Xunta de Galicia” a buscar soluciones. El regidor señaló en ese momento que ya se había licitado el contrato. La intención del Ayuntamiento, según expresó su máximo responsable y confirmó en una entrevista a FARO días antes, es “velar por que haya alquileres asequibles para la gente joven”.

Más participación directa de las administraciones públicas

Lo cierto es que, un año después de entrar en vigor la nueva ley, el escenario en Vigo es todavía más preocupante. Y no hay razones a corto plazo para tener esperanza en una mejoría. Expertos del sector consideran que no solo se debe poner el foco en el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal, que proyecta casi 51.500 viviendas, de las que se prevé que más de 14.000 gocen de algún tipo de protección, sino también –y de forma urgente– en la compra de viviendas por parte de las administraciones públicas a bancos o la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) para generar un parque público.

El presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi) y la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), Benito Iglesias, destaca que el temor a la ley estatal ha provocado una caída de la oferta y un aumento de precios. Critica al Gobierno por “enrocarse” en lugar de modificar la normativa tras comprobarse que “crea perjuicio”: “Para decenas de miles de vigueses, es un auténtico drama: llegan con mucha dificultad a fin de mes”. Lamenta que, a mayores, el urbanismo municipal está “colapsado y totalmente burocratizado”. “Los desarrollos de viviendas de protección oficial deben salir de manera urgente al mercado”, reflexiona.

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Adolfo Telmo, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño, lamenta que la nueva ley de vivienda “nació dependiente de las comunidades autónomas, “y estas, mayoritariamente del PP, se negaron a aprobarla en sus territorios”. Critica que, a pesar de no estar aplicándose en muchos sitios, “es la culpable de todo para la patronal del mercado, rentistas y la derecha”.

“La patronal del rentismo culpa a la ley y a que no exista nueva construcción para explicar la enorme subida de precios, pero lo cierto es que se debe a la especulación y al aumento de pisos de temporada: cobran 3.500 euros en lugar de 700, así como a la ausencia de un parque público de vivienda”, reflexiona, a la vez que recuerda que, un año después, “sigue habiendo desahucios y muertes “por infravivienda o desahucio” mientras “hay viviendas vacías”. “Una ausencia total de políticas a favor de la gente”, termina.

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