Impunidad para los abusos de la presidencia de EE UU

Los demócratas y los sedicentes medios liberales de EE UU, que los republicanos de Donald Trump llaman de “izquierda” y aun “comunistas”, han puesto el grito en el cielo por la última decisión del Tribunal Supremo.

Los nombramientos de jueces para ese tribunal que hizo Trump mientras ocupaba la Casa Blanca le han dado el resultado esperado.

Y así, la mayoría conservadora votó a favor de conceder total inmunidad al jefe del Estado para las acciones de carácter oficial, no las privadas, que lleve a cabo durante su mandato.

Es una prerrogativa similar a las de un rey o un emperador, y para eso no se hizo la revolución republicana en Estados Unidos, denuncian los críticos.

El presidente, advierten, podría ordenar desde la Casa Blanca la muerte de un rival político, cometer un acto de corrupción económica o incluso organizar un golpe de Estado sin que pudiera llevársele por ello ante la justicia.

En palabras de la portavoz de la minoría del Tribunal, Sonia Sotomayor, la decisión adoptada representa “una quiebra del principio fundamental” de la Constitución de EE UU, que establece que “nadie está por encima de la ley”.

Su efecto inmediato es el aplazamiento del proceso que se sigue actualmente en Nueva York contra Trump por irregularidades fiscales relacionadas con el soborno de una actriz porno para que no interfiriera en su carrera electoral.

O que solo después del 20 de noviembre, una vez elegido presidente, si se cumplen todos los pronósticos, podrán verse otros delitos mucho más graves que se le atribuyen.

Entre ellos, los de haber alentado a sus incondicionales a marchar sobre el Capitolio, intentado impedir a su vicepresidente certificar la victoria del demócrata Joe Biden o presionado a funcionarios electorales para que le buscaran los votos que le faltaban.

El propio Trump dice ser objeto de una caza de brujas, en la que el Partido Demócrata ha utilizado todos los instrumentos a su disposición, desde el Departamento de Justicia hasta el FBI para, con ayuda de los medios, obstaculizar su carrera hacia la Casa Blanca.

Lo que, pese a todas las críticas a la decisión del Tribunal Supremo, nadie parece considerar es el hecho de que los presidentes y expresidentes de Estados Unidos gozaban ya de plena impunidad, al menos en lo que se refiere a sus guerras ilegales de acuerdo con el derecho internacional.

¿Quién ha perseguido o va a perseguir judicialmente, por ejemplo, a Bill Clinton o a George W. Bush por las guerras de Yugoslavia, Irak o Afganistán, entre otras, disfrazadas bien de intervenciones humanitarias, bien de intervenciones de “autodefensa”?

¿Quién va a llevar ante un tribunal de EE UU o internacional al expresidente Barack Obama por las intervenciones militares en Afganistán, Libia, Somalia, Yemen, Irak, Siria o la muerte de miles de civiles en los ataques con drones?

Como afirmó, en frase famosa, el republicano Richard Nixon, el del escándalo del Watergate: “Cuando lo hace el presidente, ello quiere decir que no es ilegal”. Nunca mejor dicho.

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