El Concello de Vigo retira ayudas a quince inmuebles del Casco Vello por destinarse a alquileres turísticos

El importe de las subvenciones a rehabilitar para estos inmuebles superaba los 245.000 euros

El Ayuntamiento deja clara su postura: no va a habilitar ningún mecanismo de apoyo económico público para pisos vacacionales

Calle Cesteiros, en el Casco Vello, donde se ubican varios pisos turísticos.

Calle Cesteiros, en el Casco Vello, donde se ubican varios pisos turísticos. / Marta G. Brea

Los pisos turísticos llevan varias semanas en el centro del foco informativo. Y, como no podía ser de otra forma, también es una cuestión polarizada: una parte de la sociedad acusa a sus propietarios de ser los grandes culpables de los desorbitados precios y la falta de oferta de la vivienda en alquiler residencial, y otros defienden que son necesarios para acoger a los visitantes que prefieren un modelo de hospedaje diferente al de los hoteles.

En Vigo, la cifra de alquileres vacacionales superan ya los 1.700, cuadriplicando a las viviendas en arrendamiento convencional, que no llegan a las 400. Y el Concello se ha propuesto poner freno a esta situación. Una de las principales medidas ha sido retirar quince ayudas a la rehabilitación de otros tantos inmuebles del Casco Vello, una decisión que ha tomado tras conocer que estos quince inmuebles han sido inscritos por sus propietarios en el registro de viviendas turísticas de Galicia. Es decir, el objetivo de los dueños era reformarlas para ofrecerlas como alquileres vacacionales a los turistas.

Ninguna de estas ayudas se había pagado todavía, pero algunas ya estaban concedidas, otras aprobadas y el resto en lista de espera. El importe económico total del apoyo público que se ha denegado ascendía a 245.443 euros. Estas subvenciones, que finalmente no recibirán los propietarios por inscribir los pisos como viviendas turísticas, están en el marco de ayudas del Concello de Vigo a la reforma de inmuebles en las conocidas como ARIs (Áreas de Rehabilitación Integral), entre las que se encuentra el Casco Vello y que están destinadas a cubrir parte de los gastos de la ejecución de las obras o trabajos de mantenimiento e intervención principalmente en viviendas unifamiliares y edificios. Las bases de las ayudas son muy claras: solo podrán beneficiarse de ellas aquellas viviendas cuyo uso sea predominantemente el residencial. En ningún momento se hace referencia al ámbito turístico.

Es más, el Concello advierte que permanece atento para asegurarse que se cumplen los cinco años mínimos de uso residencial que deben tener los inmuebles que hayan recibido este tipo de subvenciones. Este criterio se aplica a todo el programa que gestiona el Ayuntamiento en materia de ayudas a la rehabilitación de vivienda y advierte: no va a habilitar ningún tipo de mecanismo de ayudas públicas para viviendas turísticas.

Freno a los alquileres vacacionales

De esta forma, el Concello de Vigo ha decidido intervenir de forma directa para frenar la eclosión de alquileres vacacionales que vive la ciudad en los últimos tiempos, muchos de ellos de propietarios que han pasado sus viviendas del mercado residencial al turístico para sacar una mayor rentabilidad. Hay que recordar que, tal y como avanzó FARO, el nuevo PXOM que se aprobará en Vigo también limitará los alquileres vacacionales. En el documento urbanístico, todavía pendiente de la aprobación definitiva y posterior entrada en vigor, el Concello olívico establece “el uso residencial con carácter de permanencia”, de tal forma que las viviendas turísticas “serán consideradas exclusivamente como actividad económica del sector terciario”.

Esto significa que “se limitan los lugares en los se van a poder ubicar estas viviendas turísticas”. Fuentes de la entidad municipal concretan que el uso residencial “sirve para proporcionar alojamiento estable o habitual a las personas que se establecen en edificios concebidos principalmente para vivienda con carácter permanente, por lo tanto, las viviendas de uso turístico, apartamentos y pisos turísticos se encajarán en el uso terciario hotelero”. “Es en ese uso hotelero a través del cual se regula dónde se pueden instalar, con la garantía de acceso exclusivo para uso turístico”, matizan desde la Praza do Rei, a la vez que dejan claro que esta medida no afectará a las propiedades que ya forman parte del circuito.

En la práctica, supone que las viviendas de uso turístico “no se van a poder establecer en viviendas colectivas de uso residencial a menos que garanticen entrada independiente”, condición que reduciría su ubicación, en todo caso, a los bajos de estos edificios.

El alcalde, Abel Caballero, en su última entrevista a FARO, ya advirtió que no permitirá “que en Vigo los alquileres sean inasumibles para la gente joven”. “No podemos someter a los jóvenes que quiere arrendar un piso para independizarse a que pague alquileres imposibles. Estamos en ello”, añadió. Así que, además de la batería de medidas para limitar los pisos turísticos, el gobierno local también ha puesto el foco en las miles de viviendas vacías que hay en la ciudad. Es por ello que el alcalde anunció recientemente un plan de ayudas para “potenciar y facilitar” el alquiler durante cinco años y por un importe de 750.000 euros en total.

Esta medida afectaría a unos 11.500 inmuebles según los cálculos del Concello, que en los últimos seis meses ha detectado que hay 12.897 viviendas con un consumo de agua inferior a un metro cúbico. De todas ellas el 89% son propiedad de personas físicas, siendo éstas las únicas que optarían a estas ayudas con “precios accesibles para toda la ciudadanía, pero por encima de todo para la gente más joven”.

El objetivo pasa por “ponerlas” en el mercado con un alquiler a precio tasado mediante “una pequeña inversión o una garantía a los propietarios”, siendo subvencionables el 50% del valor de las obras de mejora necesarias para que se pueda entrar a vivir en ellos (pintado, reparación y mejoras de la instalación) hasta los 8.000 euros. También se subvencionará el 100% del coste en la emisión del certificado energético (máximo 100 euros) y del seguro de impagos anual hasta los 300 euros.

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