El Gobierno propone cobrar el IVA en los pisos turísticos para frenar la oferta ilegal

Si no se aplica IVA a la vivienda vacacional, se esta incentivando su uso. Con este argumento el Gobierno plantea equiparar los impuestos en los pisos turísticos, que ya están establecidos en el 98% de los municipios gallegos, con unas 23.000 viviendas de uso turístico (VUT), con los de cualquier negocio convencional. También frenar, así, el aumento de oferta ilegal. La frase es del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ayer planteó que esta modalidad turística tribute “como cualquier actividad comercial”. Lo que tenemos que hacer es incentivar de todas las maneras posibles que se destine la vivienda al uso principal que tiene que tener, que es a que la gente viva en ella, mientras construimos más pisos públicos y de alquiler social”, añadió el ministro.

La presidenta de la asociación gallega que aglutina al sector –la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga)–, Dulcinea Aguín, se muestra en desacuerdo con lo que considera una campaña contra las VUT: “Se intenta tapar a nuestra costa todas las deficiencias en materia de vivienda”, expresa. Es más, en su opinión, a pesar de que se restringiese el número de pisos, “si no estuvieran dedicados a turismo, muchos no se dedicarían al alquiler convencional, estarían cerrados”. Consultada por FARO, Aguín urge un “diagnóstico real y riguroso” del impacto económico de estas viviendas en toda la comunidad. “Nadie habla de estos porque no interesa, pero había pueblos aquí que no tenían ni un turista hace tres años y ahora los reciben gracias a las VUT”. También achaca a “intereses económicos” de otros sectores este “sinsentido” contra pequeños propietarios.

En efecto, el Gobierno culpa a las viviendas de uso turístico de la subida de precios del alquiler, que penaliza la emancipación de los más jóvenes o la imposibilidad de que habiten en ciudades. Pablo Bustinduy animó a las urbes a que se sumen a la investigación del Gobierno para “perseguir” la publicidad de los pisos turísticos ilegales: “Es una situación descontrolada e inaceptable”. Llamó a detectar viviendas turísticas que operan en plataformas del alquiler sin licencia, una práctica fraudulenta que puede derivar en sanción.

Sanciones de 100.000 euros

El ministerio recuerda que puso en marcha una investigación contra dicho fraude. Esta acción llega después de que Consumo enviara requerimientos a plataformas de alquiler turístico para obtener información . “Consumo pone sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar de formar conjunta en la identificación de viviendas no habilitadas para operar como turísticas”, destaca en la nota.

La Dirección General de Consumo recordó que dispone de capacidad sancionadora y que va a estudiar la posibilidad de abrir expedientes por estas prácticas que pueden ser infracciones graves, castigadas con multas de hasta 100.000 euros.

Isabel Rodríguez anima a los alcaldes a erradicarlas

Continúa la crisis en el PSOE compostelano por la aprobación de la norma

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, mostró también su total apoyo ayer a la iniciativa del alcalde de Barcelona de erradicar los pisos turísticos en 2028. Barcelona tiene en la actualidad unas 10.000 viviendas destinadas a uso turístico. En esa línea, animó a otros alcaldes de ciudades tensionadas por el precio de la vivienda “a que hagan lo mismo”. “Al conocer la iniciativa del alcalde, tengo la necesidad de venir a Barcelona para aplaudirla”, indicó tras tildar la decisión de “muy valiente”.

Esta polémica no es ajena a Galicia, donde ya se tradujo en una crisis interna en el seno del PSOE compostelano tras la votación díscola de los seis concejales socialistas en el ayuntamiento de Santiago, que desobedecieron la orden directa de la cúpula local del partido y ayudaron a aprobar la ordenanza sobre pisos turísticos. Los ediles dijeron haber optado “por ser coherentes” con una norma que pone el broche a la modificación del Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOM) impulsada por el gobierno socialista durante el pasado mandato y también con la filosofía socialista a nivel estatal. Una medida que “culmina un proceso” y “no indulta” a las viviendas turísticas (VUTs) que ejercían antes de la reforma del PXOM. “Hay un proceso de hotelización del parque residencial”, defendió uno de los concejales, que ahora se enfrentan a la apertura de un expediente.

Esta semana, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez anunció con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) un trabajo conjunto para abordar la situación de los pisos turísticos. Entre las posibles solucione, planteó estudiar algunas modificaciones legislativas, como la Ley de Propiedad Horizontal, basándose en dos sentencias del Tribunal Supremo.

Ayer, Rodríguez explicó que los alojamientos que ofrecen alquileres temporales se gestionarán a través de una plataforma única y se deberá acreditar la temporalidad para evitar “el abuso y el fraude”.

Desde Aviturga recordaron que en Galicia ya funciona un registro autonómico para todas las viviendas dedicadas a alquiler turístico y que están obligados a trasladar cada tres meses los datos de la ocupación.