Caseros de Vigo vetan a personas que han superado problemas de adicción y también a los que cobran la Risga

El acceso a una vivienda de alquiler en Vigo está cada vez más complicado. Y no solo por los desbocados precios, que siguen en un alza que parece imparable. También por los duros requisitos que establecen los propietarios a los inquilinos. En las últimas semanas la asociación Érguete ha advertido que “es casi imposible” para las personas que superan sus problemas de adicción encontrar una vivienda en Vigo tras pasar por los pisos de acogida de la entidad. “Les pasa como a muchos vecinos de Vigo, pero en su caso es todavía más difícil. Si saben que hubo un problema de adicción o que cobran una prestación como la Risga, ya no les alquilan nada”, explican desde la asociación.

Esta situación se ha convertido en muy problemática. “Es imposible encontrar un piso en nuestra situación”, asegura uno de los afectados, que prefiere mantenerse en el anonimato. Y es que el veto a estos colectivos a las viviendas de alquiler dificultan su reinserción en la sociedad y, en algunos casos, los pueden llevar de camino de nuevo a posibles recaídas y a la exclusión social.

Y es que una persona que no puede acceder a una vivienda obviamente tendrá más difícil encontrar un trabajo, conseguir una rutina saludable y, en definitiva, tener una vida digna. Érguete recuerda precisamente que, en caso de vivir en la calle, puede hacerles mucho más difícil no consumir.

Y es que la falta de vivienda afecta a amplios sectores de la sociedad, pero lo cierto es que en las personas con exclusión “la situación es todavía peor”. Érguete incide en que las administraciones deben crear más recursos residenciales para que estas personas tengan la oportunidad de recuperar esa vida normalizada “sin la necesidad de estar buscando un techo en el que refugiarse”.

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Hay que recordar que la asociación Érguete tiene tres viviendas en las que residen casi treinta personas al año y que están financiadas tanto por el Concello de Vigo como por la Xunta de Galicia, pero no es suficiente. Solamente pueden estar un año completo y hay mucha demanda. Una vez salen al mundo exterior, la ayuda es mínima. “Tienen que luchar contra los estigmas, la falta de recursos y unas condiciones de entrada a un piso (fianza, seguro de impago...) que les hace imposible acceder a un alquiler y recuperarse de un problema de adicción es imprescindible poder tener un hogar seguro”. Hay que tener en cuenta además que los propietarios solicitan cada vez más documentación a los inquilinos interesados en alquilar su vivienda, por eso pueden descubrir si están percibiendo una Risga o incluso si han tenido problemas de adicciones. Por lo general, justifican su rechazo a alquilar a este colectivo por temor a posibles impagos y la dificultad para desahuciarlos, pues muchas de estas personas se consideran vulnerable,s y hay que recordar que el Gobierno prorrogó hasta 2028 la prohibición de echar de sus casas a deudores vulnerables.

Este periódico ha venido informando puntualmente del endurecimiento de las condiciones de acceso a un piso de alquiler. Hay que recordar que la mayoría de caseros de Vigo vetan a pensionistas y trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional, porque esa nómina o esa pensión no se puede embargar en caso de que esos inquilinos acaben debiendo dinero. En muchos casos, precisamente, para que estas personas puedan acceder a una vivienda, tienen que firmar los contratos como inquilinos sus padres o sus hijos, si tienen unos ingresos superiores y si están dispuestos a avalar.

Otra de las principales novedades de los últimos tiempos es el veto que muchos propietarios están ejerciendo sobre las familias con niños. En primer lugar, precisamente, porque consideran que una pareja con dos hijos por ejemplo tiene unos gastos mucho mayores. Y relacionado precisamente con el tema económico, ese veto se debe también a que los propietarios temen que, si finalmente deben iniciar un proceso de desahucio por impagos continuados de la renta mensual, al haber niños en la unidad familiar el proceso es mucho más complicado. En el momento de la ejecución del lanzamiento judicial, si el inquilino no quiere salir de la vivienda, los miembros del juzgado pueden pedir ayuda de la policía, y en caso de haber menores de edad, se concede un plazo de 1-2 semanas para que se desaloje la vivienda.

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