Todas las leyes de sectores claves como vivienda, transporte o medio ambiente deberán evaluar el impacto en la salud

Tal como repite una y otra vez Mónica García, la salud, tanto física como mental, depende de los llamados 'determinantes sociales'. Es decir, el nivel económico, educativo y el medio ambiente tienen una gran influencia en la salud humana. Ante ello, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que modifica diversas normas y que introduce la obligatoriedad de evaluar el impacto en la salud de todas las leyes o decretos que afecten a sectores claves como vivienda, educación, medio ambiente y transporte, entre otros.

Asimismo, el proyecto de ley, que tiene como objetivo último garantizar la igualdad en el acceso al sistema sanitario, por tanto, la equidad y la cohesión, incluye una "demanda histórica, la participación de los pacientes en el 'Foro Abierto de salud' de manera permanente", según ha explicado la ministra de Sanidad. En dicho órgano de asesoramiento participarán también los profesionales, con el objetivo de que formulen propuestas sobre el funcionamiento del sistema sanitario. Además, el proyecto legal homogeneiza las exenciones en los copagos y establece condiciones generales de acceso y tratamiento de los datos sanitarios.

La vigilancia

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto destinado a crear una Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, que es una de las acciones que se acordaron tras la llegada de la pandemia. De hecho, según ha destacado García, ha sido uno de los empeños de Fernando Simón, director del centro de coordinación de alertas y emergencias y cara visible de Sanidad durante la primera ola.

La nueva red amplía la vigilancia actual, que se circunscribe a las enfermedades transmisibles, a otras enfermedades como el cáncer. Asimismo, incorpora un sistema de vigilancia de salud laboral, de salud ambiental y un sistema de alerta precoz y respuesta rápida, con el fin de que en un plazo inferior a 24 horas desde su identificación, se comunique a la red cualquier incidencia de tipo catastrófico que afecte o pueda afectar a la salud nacional o internacional.

El Real decreto contempla también el proceso de designación y las funciones de los laboratorios que colaborarán con la red y crea un sistema de información de vacunaciones e inmunizaciones, con el fin de recoger en un registro centralizado las vacunas que han recibido todas las personas que viven en España.

El Consejo de Ministros también ha acordado la distribución de 68 millones de euros para ampliar la cartera de servicios de salud bucodental y la creación de más de 300 plazas nuevas para estudiantes de medicina, con el fin de paliar la falta de profesionales.