El Concello resuelve su contrato de la luz por diez millones en dos años tras ocho meses de trámites

El mercado del suministro eléctrico es cada vez más complejo y lleno de sobresaltos, tanto administrativos como económicos. Así lo ha podido comprobar el Concello de Pontevedra, que ha tardado ocho meses en firmar el nuevo contrato de la luz para los dos próximos años. Ya acumulaba años de prórrogas y retrasos por el constante aumento de precios, hasta que en septiembre de 2023 comenzó el proceso para contratar a una nueva suministradora. Hasta esta misma semana, ocho meses después, no ha podido firmar ese contrato, por 10,1 millones de euros en dos años con Yellow Energy, una firma que no fue la primera opción municipal.

Primero optó por la oferta de Gas Natural, pero el recurso presentado por Yellow obligó en febrero pasado a al Concello a cambiar la resolución de este concurso, en favor de la recurrente, cuya propuesta había sido desestimada inicialmente al considerarse que incurría en baja temeraria. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia dio la razón a Yellow Energy en enero, pero aún han tenido que pasar casi cuatro meses para firmar el contrato.

Ahora, el Concello ya dispone de empresa que abastecerá de electricidad al alumbrado público y a los edificios municipales durante dos años a cambio de 10,1 millones,

Durante meses Pontevedra tuvo que recurrir a prórrogas ya que el contrato para obtener este servicio básico quedaba desierto. Finalmente se vio obligado a elevar al máximo la reserva de fondos para pagar la “factura de la luz” y conseguir así adjudicar este contrato. Esos cinco millones para pagar cada año la factura de la luz suponen el triple de lo que se abonaba en 2020: 1.780.245 euros por el consumo eléctrico.

El Concello asume un consumo que se concentra sobre todo en el alumbrado público (que se lleva tres de los cinco millones anuales), pero también incluye el suministro de energía a las escuelas y guarderías y a las dependencias municipales, incluidos los pabellones y el Pazo da Cultura.

El gobierno local acumulaba ya varios meses de intentos de adjudicar este contrato, pero la imparable oscilación de precios dificultaba siempre el proceso. Ya a finales de 2021 se estimaba que habría que pasar de 1,8 a 2,2 millones, pero las negociaciones con las distintas compañías suministradoras resultaron en vano, ya que “es imposible mantener las condiciones de servicio” tal y como las tenían.

Se intentó negociar una prórroga del contrato con la actual suministradora, pero “las ofertas que se presentaban dejaban de ser válidas, por la subida del precio de la luz, en el mismo día”. Este segundo intento elevó el presupuesto a 5.070.000 euros por año. De ellos, 3,3 corresponderían al alumbrado público y 1,3 a las dependencias municipales, al margen de otros consumos.

El propio concurso ya dejaba claro que “se propone como período de contrato el período de dos años ya que las condiciones actuales del mercado desaconsejan períodos mayores de contrato”.

“Un precio de contratación orientativo”

Los técnicos advierten de que “a la vista del nuevo sistema tarifario y los históricos de consumos que se disponen en base a tarificación anterior, resultará un precio de contrato estimado, máxime cuando además de las tarifas, también son susceptibles de cambios los consumos de un año a otro”. Por ello, se apunta que “este precio de contrato es orientativo debido a la actual inestabilidad en los precios de la energía así como a la variación de los consumos durante la duración del mismo”. De hecho, se estima que a los precios actuales, serían suficientes cuatro millones al año, pero de dispararse la factura, los cinco previstos “serían muy insuficientes”, según el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, Por ello, se apunta que, “a la vista del estado actual de incertidumbre en el mercado, para esta contratación se considera oportuno recurrir a la modalidad de precio indexado al mercado diario OMIE (operador del mercado eléctrico designado) pass-through, toda vez que se trata de un contrato imprescindible para esta Administración y no existen garantías de obtener licitadores para dicha prestación mediante ofertas con precios fijos de la energía para un período de al menos un año”.

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