El retraso del Concello en pagar facturas triplica el tope legal y asfixia a las pymes

El Concello de Ourense vuelve a alcanzar topes históricos en el periodo medio de pago a proveedores, que estuvo en los 111 días, según los últimos datos que van al pleno del viernes, lo que supone que la espera media para pagar una factura triplica y casi cuadriplica el tope máximo recomendado para las administraciones públicas.

La situación es más grave aún para las empresas que tienen facturas sin cobrar en algún caso desde hace dos y tres años. Por eso el PP, que parece haber roto –al menos por ahora– el apoyo al gobierno Jácome, presenta una moción al pleno del viernes en la que urge el pago a proveedores, pues están poniendo en riesgo “la solvencia de muchas pymes”, afirma, e incluso los puestos de esos trabajadores.

El alto coste de Personal

El Concello lleva también a pleno esa liquidación de cuentas de 2023 en la que aparecen unos gastos del área de Personal que ascienden a casi 35,4 millones de euros, una de las cifras más altas, con un desfase de casi 800.000 euros, según el informe que había presentado el interventor, cantidades en las que no se incluye el incremento anual de los salarios de los funcionarios.

Pero las deudas a los proveedores son la principal preocupación para los grupos de la oposición y en concreto el grupo municipal Partido Popular, que llevará al próximo pleno del mes de julio esta moción para instar al alcalde “a cumplir de forma inmediata con el pago pendiente a proveedores, después de que los últimos datos publicados (abril 2024) reflejen que el período medio de pago del Ayuntamiento alcanza ya los 111 días cuando la ley establece como plazo máximo 30 días”, explican.

“Este retraso en los pagos no solo afecta a la solvencia operativa de las empresas (muchas de ellas locales) que prestaron sus servicios, sino que también pone en peligro el empleo de muchos ciudadanos que dependen de ellas”, denuncia la concejala popular Ana Méndez.

Además, los populares solicitarán también en el próximo pleno que se cumpla urgentemente con el pago de las remuneraciones a los trabajadores municipales, la mayoría en concepto de atrasos a bomberos y policías.

“Es una grave falta de respeto y consideración que los profesionales que trabajan para mantener el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, y que dedican su tiempo y esfuerzo en servir a los ciudadanos sufran esta situación insostenible”, critica la edil Ana Méndez.

Insiste además el grupo municipal del PP en que es urgente aprobar los presupuestos y así lo volverán a exigir en la sesión de este viernes. “Estar sin un marco financiero claro y definido dificulta más la grave situación económica que atraviesa el Ayuntamiento porque es imposible llevar a cabo una gestión eficiente y responsable de los recursos públicos”, asegura.

Luces navideñas

Pone como ejemplo la concejala popular que “el alcalde tiene sin pagar aún las luces navideñas del año pasado, por su falta de planificación y su desorganización y este viernes vamos a exigirle en el pleno que las pague”, añade a Ana Méndez.

“Antes de hacer nuevos contratos desde el PP le vamos a exigir al alcalde que pague esas deudas del Ayuntamiento, porque quien trabaja tiene que cobrar”, concluye la concejala.

“La liquidación de 2023 es una radiografía de la precariedad del gobierno local ”

La concejala del grupo del PSOE María Fernández señala que la liquidación de las cuentas del Concello de 2023 que va al próximo pleno del viernes “no es más que una radiografía del trabajo y gestión del actual gobierno municipal: precariedad, parálisis, detrimento y deterioro de los servicios públicos; ausencia de planificación y desprecio de los procedimientos administrativos”.

En este sentido, el grupo socialista indica que sigue habiendo “parálisis en la gestión financiera, abandono de los servicios públicos, que no se están prestando en las condiciones deseables y están siendo reparadas las facturas por intervención, con algunas facturas sin abonar y solicitudes de indemnización judicializadas”.

También destacan fuentes del grupo socialista que no hay informes de intervención en la incorporación de remanentes así como la ausencia “de los trámites necesarios para su incorporación y ejecución de los correctamente fiscalizado”.

Añaden que la ejecución del presupuesto esta en el 60% lo que consideran “al límite” , y también consideran especialmente “grave”, ese periodo medio de pago anual que triplica el máximo legal permitido que está en los 30 días, con un tope máximo de 60 para las administraciones públicas.

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