“No queremos limosnas en el turno de oficio; que se nos pague dignamente”

Cerca de 350 profesionales que ejercen el turno de oficio en la provincia de Ourense, un servicio que garantiza el derecho a la justicia gratuita a la ciudadanía, se dieron de baja durante el mes de junio. Otros 800 garantizaban la continuidad a día de ayer, según los datos que maneja el Colegio de Abogacía de Ourense. El colectivo lleva meses en huelga y el aluvión de bajas dificulta el servicio, que el colegio garantiza al 100% con la redistribución de los turnos. La junta directiva –que puntualmente ha tenido que cubrir guardias– urge a la Xunta medidas para paliar este conflicto. Los huelguistas piden mejorar las retribuciones. Ángel Fernández Cebrián, miembro de la junta, pide más diálogo con la administración.

– ¿Cómo está la situación del turno de oficio en Ourense?

–En conflicto. Hemos tenido bajas, continuamos con el goteo y la situación sigue enquistada y conflictiva. Entre otras cosas, porque la Xunta no pone nada de su parte.

–¿El colegio está al lado de los profesionales del turno?

–Toda la vida. Aquí no hay una guerra fraticida, no hay peleas de compañeros con otros, los intereses son comunes y todos peleamos en el mismo sentido, que es que las retribuciones que hay en el turno de oficio son exiguas, el trabajo que se hace no se paga en su totalidad y los baremos han estado años congelados. Esto ha sido un goteo hasta que en 2023 se desbordó el vaso.

–¿Peligra el servicio a corto plazo?

–Por ahora lo estamos cubriendo con la ayuda de los compañeros que no se han querido dar de baja, que no quiere decir que no estén de acuerdo con las reivindicaciones. Cada uno tiene sus circunstancias, respetamos a todos. Si sigue el goteo de bajas, llegará un momento en el que sí pueda comprometerse el servicio. Agosto es complicado porque es de adscripción voluntaria y este año está siendo más difícil conseguir compañeros que se queden. El servicio se está prestando de manera regular, pero con mucho esfuerzo.

–Más allá de Ourense, hay otros partidos judiciales con problemas.

–Ourense es el caso más complicado. Si hay macrooperaciones como la del narcolanchas o la del club Ninfas es mucho más complicado, porque aunque no se hubiera dado nadie de baja, si te llaman para 27 asistencias y registros en una mañana, el servicio se dificulta y hemos tirado de compañeros que están en otros asuntos, en junta de gobierno... Tuvimos un compañero trabajando desde las seis de la mañana a las seis de la tarde en un registro domiciliario y va a cobrar 20 euros por ese servicio. La Xunta ha dicho que va a aumentar las entradas y registros, pero nos remite a 80 euros. Hasta ahí nos están regateando lo que es una retribución digna.

Los desplazamientos no se cobran. ¿Qué pasa cuando llaman a un letrado a un registro lejos?

–Si tengo mi despacho en la ciudad y me llaman para hacer una asistencia en la Guardia Civil de Entrimo, me tengo que desplazar. La Xunta no me paga nada. Tengo que poner mi coche, mi gasolina, ir allí, esperar y volver. No tiene sentido que no se pague. O los compañeros del partido judicial de Verín que tengan que ir a A Mezquita, por ejemplo, tampoco les pagan.

–¿Hay especialidades en peor situación con la huelga?

–Donde está incidiendo más es en Penal y en Violencia de género, es más acuciante y problemático.

–¿A qué porcentaje está cubierto el turno?

–Al 100%. Cuando se dio de baja ese aluvión rehicimos los grupos, donde antes eran de 9 ahora son de 5 o lo que podamos. Es un trastorno, pero se está cubriendo.

–La situación de que sea la junta de gobierno la que tenga que cubrir las guardias es puntual?

–Solo en dos ocasiones, sí. No es la situación que queremos como junta de gobierno, no queremos que haya compañeros de baja por sus reivindicaciones, queremos solucionar el conflicto y esto depende del presupuesto.

–¿Cómo está el diálogo con la administración, paralizado?

–Les pedimos un gesto. Se sigue hablando en todo momento, pero nos venden como esfuerzo algo que no les compromete el presupuesto. No queremos limosnas. Queremos que se nos pague dignamente por nuestro trabajo.

–Dejando claro que apoyan al turno, supongo que hay tensión...

–Como junta de gobierno estamos entre dos aguas. Estamos al 100% con los compañeros, pero la ley nos dice que estamos obligados a garantizar el servicio de justicia gratuita y nos vemos constreñidos. Tenemos que tener responsabilidad de garantizar el servicio.

–Insisto, ¿peligra el servicio en Ourense a corto plazo?

–No, a corto plazo no. En Penal General tenemos 133 compañeros, hacemos grupos de cinco. Estábamos en torno a 220 compañeros.

–Están a la mitad.

–Sí. En Violencia de género es más complicado porque se han puesto de baja 50 compañeros, tenemos dos diarios de guardia, lo que hace que entren de guardia dos veces en un mes, antes era una.

–¿La carga se multiplica?

–Sí. Se tensiona según la demanda de ese día de intervenciones. Es un buen momento para que la Xunta reflexione, porque está en fase de alegación la nueva ley de justicia gratuita.

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