El interventor municipal demanda al Concello de Ourense y a Jácome por presunto acoso laboral

“Vago”. “Negligente”. “Intenta bombardear y boicotear los expedientes”. “Si pongo verde al interventor y al secretario, se tienen que joder”. “Mala fe” en sus actuaciones y competencias“Si hay alguna irregularidad es del interventor y lo vamos a denunciar”. “El interventor cometió un fraude y una ilegalidad”. Son algunos de los comentarios del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, dedicados al interventor municipal del Concello de Ourense sobre las funciones económicas, presupuestarias y de fiscalización que ejerce en la gestión municipal y que son intrínsecas a su puesto. Ahora, el interventor municipal demanda al Concello de Ourense y al alcalde, Gonzalo Jácome, por el incumplimiento de las medidas de seguridad de acoso laboral.

El interventor municipal, en un escrito de alegaciones al cese, ya denunció “el modo DO”, entendiendo como tal “un modus operandi que tiene su trasunto en el acoso laboral al que se ve sometido el funcionario, por el Alcalde desde que presentó su informe sobre resolución de discrepancias correspondiente al ejercicio económico de 2022”. Precisamente, el mismo trato que denunció la intendente de la Policía Local, María Barrera, y que se resolvió a su favor en la justicia social, condenando al Concello de Ourense y a un ex edil de DO.

El Juzgado de lo Social Nº1 de Ourense, el mismo que condenó el acoso laboral que sufrió la intendente de la Policía Local, es el que registró y está tramitando la demanda interpuesta contra la institución y el regidor ourensano. Las diligencias ya fueron notificadas a los demandados y además se reclama una indemnización de 150.000 euros. Será este juzgado el que resuelve si se infringió la normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales y si existieron casos de acoso o no.

Cese y protocolo activado

La animadversión del alcalde de Ourense contra el interventor nace por discrepar, en la mayoría de casos, de su gestión en materia presupuestaria, económica y financiera. Al no tener unos presupuestos aprobados, el gobierno municipal necesita liquidez para inversiones y gastos y los reparos del alto funcionario del Concello de Ourense suponen una piedra en el zapato para Jácome y para la aprobación de modificaciones de crédito. Al menos, él lo ve así.

El pasado 20 de diciembre, fruto de la fiscalización del interventor, el regidor ourensano decidió abrirle expediente de cese y, ante las denuncias de “acoso” en el escrito de alegaciones del interventor a su cese, el gobierno municipal, activó el 18 de enero el protocolo de acoso laboral (algo que no hizo en el caso de María Barrera). Ahora es el interventor el que lleva el caso a la justicia social para “garantizar mi seguridad y salud como funcionario público”.

El interventor defendía, en el escrito de alegaciones, que el acoso por parte del alcalde se experimentaba “desde la descalificación personal, la desacreditación personal, burla con difusión mediática, amenazas y ejecución de las mismas y suerte de hostigamiento constante”. Ante las críticas recurre a la justicia social, con el precedente del fallo a favor de la intendente de la Policía Local, para que cese esa situación.

El funcionario habilitado nacional en su respuesta al expediente incoado de cese, mediante providencia del alcalde de Ourense, pidió archivarlo y, según pudo saber FARO, no fue estimado y su tramitación continúa.

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