Activado el protocolo de acoso laboral por las críticas de Jácome contra el interventor

La junta de gobierno del Concello de Ourense activó este jueves el protocolo en los casos de acoso laboral a instancias del interventor municipal, ante las críticas reiteradas del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, hacia su labor profesional y las continuas desconsideraciones en relación con sus funciones de fiscalización y control económico del Concello. 

El interventor acusó al alcalde de “acoso” en el escrito de alegaciones presentado contra el expediente de cese, que inició el regidor ourensano, después de señalarle este públicamente en varios plenos municipales. Ese escrito de alegaciones fue la base para que el gobierno de Jácome activara el protocolo de acoso, sin que el interventor lo pidiera de forma expresa. Dicho protocolo establece que se activará con la “presentación de un escrito” aportado por el denunciante, representantes de los empleados públicos, por su superior jerárquico o cualquier empleado que tuviera conocimiento de las actitudes, presuntamente, constitutivas de violencia.

El interventor municipal indicó, en dicho escrito de alegaciones al expediente de cese, un “modus operandi” de “hostigamiento” contra él como pasó con el caso de la intendente de la Policía Local, María Barrera, donde el Concello y un ex edil de Democracia Ourensana fueron condenados por acoso laboral (la sentencia no es firme). 

El interventor defiende, en dicho escrito, que el acoso se experimenta desde “la descalificación personal, la desacreditación personal, burla con difusión mediática, amenazas y ejecución de las mismas y suerte de hostigamiento constante”. En sus alegaciones recoge palabras que Jácome le dijo como “vago”, “negligente”, “intento de bombardear y boicotear los expedientes”, “si pongo verde al interventor y al secretario, se tienen que joder”, “mala fe” en sus actuaciones y competencias, “si hay alguna irregularidad es del interventor y lo vamos a denunciar”, “el interventor cometió un fraude y una ilegalidad”, entre otras cosas. 

El portavoz nacionalista, Luís Seara, señala que “el gobierno municipal pone la venda antes de la herida y es un acto donde se muestra la cobardía de Jácome. Donde, de oficio, activa el protocolo sin que se lo pida el interventor y sin las características necesarias que establece el protocolo para iniciarlo, cosa que no hizo cuando se lo pidió la jefa de la Policía Local. Esto obedece al miedo en relación con lo que pueda decir la justicia, con el presunto acoso al interventor”.

 Por su parte, el PSOE pide que “se cumpla la normativa en prevención” y el PP señala que “los trabajadores públicos deben ejercer sus derechos en defensa de sus funciones y de su persona. Lo que claro está es que el grupo de gobierno no puede ejercer faltas de respeto a los trabajadores, ni ridiculizalos, ni vulnerar sus derechos, y seguiremos censurando estas esas actitudes”.

¿Qué dice el protocolo?

 Una vez aprobada la activación del protocolo de acoso el Servicio de Personal, después de un primer análisis de los datos, podrá no admitir a trámite la denuncia presentada o iniciar el trámite del caso. Será el servicio de Recursos Humanos el que hará acopio de toda la información y podrá comenzar solicitando un informe al gabinete de prevención, donde podrían, si así se estima necesario entrevistarse con el afectado, en este caso el interventor, y el denunciado, el regidor ourensano. 

El gabinete de prevención emitirá un informe de valoración inicial en el plazo máximo de diez días hábiles que elevará el Servicio de Personal que podrá tomar tres decisiones en base a lo expuesto. Podrá archivar la denuncia; ordenar la incoación de un expediente disciplinario así como la aplicación de medidas correctoras si hay “indicios claros de acoso”; o trasladar el informe y toda la información al Comité de Investigación y Resolución que deberá continuar con el procedimiento establecido si hay presunción de acoso. 

Si opta por el último caso, se entraría en una segunda fase en el que dicho comité podría dar por terminada la investigación o continuar con el procedimiento si hay indicios suficientes. Este Comité emitirá un informe de conclusiones al edil responsable en el área de personal, que en estos momentos es el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, o al jefe de servicio donde preste sus servicios el funcionario presuntamente acusado. Será elpropio comité el que declare la inexistencia de acoso o, por el contrario, la existencia de acoso y se solicitará al edil de Recursos Humanos (Jácome) la incoación de un expediente disciplinario (contra su propia persona).

En caso de que el procedimiento avance y se constituya el comité este estará formado por un médico del servicio de medicina de trabajo o un psicólogo designado por el Concello de Ourense, un técnico de prevención de riesgos laborales designado por el Concello, un delegado de prevención designado por la junta de personal y otro delegado designado por el comité de la empresa. 

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