La fiscal contra la trata alerta del “alto coste emocional” de la migración y del “importante riesgo” de abusos y agresiones

En su reciente memoria anual, la Fiscalía Superior de Galicia dedica un capítulo a exponer varias reflexiones sobre la vulnerabilidad de las personas extranjeras y las respuestas jurídicas ante el fenómeno de la migración. La persecución de la trata es una de las áreas de especialización del ministerio público, con actuaciones contra las conductas contrarias al ordenamiento público y privado que regulan la extranjería. En la provincia de Ourense, la fiscal delegada en la materia es Pilar Manso López.

La especialista advierte del “alto coste emocional” que deriva del proceso vital de la migración que afrontan las personas que buscan un mejor presente y futuro, “con el importante riesgo añadido de sufrir abusos y agresiones de carácter psicológico, sexual, físicas y económicas, entre otras”, señala la Fiscalía. Manso pone de manifiesto el “temor” a denunciar “cualquier situación abusiva por quien se encuentra de forma irregular en un país extranjero”. El ministerio público señala, a modo de ejemplo, que la estadística de violencia de género indica que, en 2022, 111 autores tenían nacionalidad extranjera, mientras que el número de víctimas de violencia machista nacidas en otro país ascendió a 128.

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La Fiscalía de Ourense apunta a la necesidad de que se produzca “un contacto directo constante” entre el ministerio público y las fuerzas policiales. Como aspecto a mejorar, y tal y como ya había puesto de manifiesto en años anteriores, la institución considera que la oficina de asistencia a las víctimas desempeña una actuación “absolutamente inoperante, por cuanto se limita, en el mejor de los casos, a informar a las víctimas de violencia de los centros a los que puede acudir en demanda de ayuda, y poco más”, reprocha la Fiscalía.

En su informe para la memoria anual de la institución en Galicia, la Fiscalía de Ourense dice que “la necesaria e importante actuación en el ámbito de los delitos de odio” supone una “herramienta fundamental” para luchar contra la vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas.

El artículo 177 bis del Código Penal castiga la trata de seres humanos, con una pena de cinco a ocho años de prisión, para quien “empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas”, con finalidades como trabajos forzados, explotación sexual –incluyendo la pornografía–, explotación para realizar actividades delictivas, la extracción de los órganos corporales, así como la celebración de matrimonios forzados.

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El artículo señala que “existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse al abuso”. Esa situación socioeconómica personal, familiar o relacional –apunta la Fiscalía de Ourense– “condiciona al sujeto a soportar una situación que nunca hubiera aceptado sin unos condicionantes de exclusión social que son directamente instrumentalizados por el autor”, añade la memoria gallega de la institución.

“Es la migración un fenómeno complejo y poliédrico, cuyo estudio y tratamiento debe abordarse de forma racional y transversal, huyendo del simplismo y reduccionismo. Se impone una revitalización de su estudio para articular políticas públicas entrelazadas con temas como la cohesión y la convivencia sociocultural en torno a valores y principios democráticos”, defiende la Fiscalía de Galicia.

Número de casos en 2022

La intervención de los fiscales gallegos en el área de extranjería se saldó en 2022 con 8 diligencias de investigación penal por delitos de trata de seres humanos –una en Ourense–, 32 por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros –todas en esta provincia–, 4 por delitos contra los derechos de los trabajadores extranjeros y 1 por prostitución coactiva.

En el mismo periodo se interpusieron una querella por delito de trata de seres humanos –en Ourense–; otra por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y otra por delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. Además, los fiscales presentaron en total una calificación por trata, dos por delitos contra los derechos de los extranjeros, y una por delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros.

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En cuanto a los datos de los juzgados relacionados con la extranjería, el año pasado se iniciaron 15 procedimientos judiciales por delitos de trata de seres humanos –3 en Ourense–, 7 por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros –3 en Ourense–, 2 por delitos contra los trabajadores extranjeros –ambos en la provincia–, y 2 por delitos de prostitución coactiva –los dos en Ourense–.

En 2022 se dictaron 2 sentencias por delitos de trata de seres humanos, 5 por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 1 resolución por delito de prostitución coactiva.

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