El reparto judicial

El acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, cinco años después, permitirá a los dos partidos mayoritarios vender como un éxito las cesiones del contrario. Ese éxito no existe, sin embargo, para el significado real de una democracia que aspira a la independencia judicial perdida desde el día en que el propio Alfonso Guerra decretó la muerte de Montesquieu. Al contrario de lo que sucede en otros países europeos, en España los jueces y magistrados no participarán directamente en la elección de los doce vocales de procedencia judicial. Serán los partidos políticos. Aunque la Comisión Europea, parece, ha obligado a incluir una disposición adicional única dando un plazo de seis meses a los vocales para que presenten una propuesta de reforma. Ya veremos en qué consiste, el futuro está por desvelar.

En el presente, socialistas y populares han pactado, tras un largo tira y afloja, repartirse de nuevo el CGPJ de acuerdo a sus afinidades ideológicas, igual que venía sucediendo hasta ahora: diez por bando. Parece ser también, menos mal, que del acuerdo saldrá la aprobación de una ley para que aquellos que hayan ostentado un cargo político no puedan, hasta transcurridos cinco años, convertirse en fiscales generales o vocales del poder judicial: unas puertas giratorias que el Gobierno ha permitido traspasar varias veces para dañar la imagen de la justicia y el prestigio de las instituciones. En ese sentido, en los últimos años, España no ha hecho otra cosa que perder la consideración de sus socios y enterrar su reputación.

Las propias palabras de la mediadora checa y vicepresidenta europea de Valores y Transparencia felicitándose, tras el acuerdo, por la esperanzadora promoción del Estado de Derecho, indican el bajo momento democrático en que se encuentra nuestro país. Con un Gobierno que habla con la boca llena de independencia judicial mientras declara ‘lawfare’ para perseguir a los jueces e insiste en llevarles la contraria amnistiando a los mangantes de toda laya condenados por malversación del dinero público.

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