Bruselas insiste ante el TGUE en vetar la pesca de fondo sin ningún aval científico

Comenzó a primera hora de la mañana, a las 9.30, y no acabó hasta media tarde, pasadas ya las 18.00. La vista oral celebrada ayer en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) fue densa, era lo previsible, pero ni mucho menos se eternizó tanto como el tiempo que el sector pesquero español lleva esperando a que se haga justicia, con su actividad paralizada en 87 áreas del Atlántico Norte a raíz del Reglamento 2022/1614 que entró en vigor el pasado 9 de octubre de 2022. Más de año y medio después de ese cerrojazo sobre la pesca de fondo –que afectó por igual a arrastre y palangre–, el Gobierno de España y la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela (la OPP-7) han defendido los dos recursos presentados contra la restricción impulsada por Bruselas. Una medida que, tal como ha recogido FARO antes y tras su implantación, se ejecutó sin aval científico alguno y sin informe de impacto socioeconómico previo, aunque con escaso rigor en la metodología empleada. Se planteó para 87 áreas con profundidades de entre 400 y 800 metros, pero en casi la mitad (41) son inferiores.

Ante los perjudiciales efectos de la prohibición para el gremio y el temor de que pueda ir a más –la revisión del ICES recoge cinco escenarios para clausurar entre 102 y 115 caladeros–, representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la asociación de pescadores lucense se desplazaron esta semana hasta Luxemburgo para solicitar la anulación de la misma. Así lo reclamaron este jueves en la sala, en la que cinco magistrados interrogaron a todas las partes y donde se notó cómo la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, las tres altas instituciones comunitarias que acudieron, alinearon sus posturas para intentar desbaratar las demandas presentadas y que así no procedan.

Insistieron en que el veto es necesario y que lo es para todas las artes, algo con lo que ni mucho menos está de acuerdo la OPP-7. Defendió entre otras muchas cuestiones que el palangre, “el arte más selectiva que existe”, “no tiene impacto en el fondo marino”. “Sabíamos que sería un proceso lento y caro, en tiempo y en dinero, pero consideramos que teníamos que acudir a defender a nuestra flota porque esta norma desproporcionada pone contra las cuerdas la viabilidad de las empresas que mantienen una forma de pescar totalmente tradicional”, señaló Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela. Presentó su recurso junto a 16 empresas asentadas en el norte gallego y con la Xunta de Galicia como coadyuvante. El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, se desplazó también a la sesión judicial y calificó el veto a la pesca de fondo como una “negligencia normativa” por parte de Bruselas que “está afectando a muchas familias gallegas”.

“Los jueces lo han entendido”

El sector espera que la sentencia del TGUE llegue antes de 2025 y se muestra esperanzado: “Creemos que los jueces han entendido correctamente las pruebas presentadas”. Esa perspectiva es la misma que maneja el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ayer compareció en rueda de prensa y se pronunció sobre la vista oral, “muy importante”. “Entendíamos que la Comisión Europea se había sobrepasado en sus competencias”, aseguró al respecto. La argumentación expuesta por España, representada por la abogacía del Estado, hizo hincapié en que no existen elementos para apreciar que las artes fijas puedan ocasionar “un efecto adverso significativo” en los ecosistemas marinos vulnerables.

Por otro lado, el MAPA insistió en que el brazo ejecutivo de los Veintisiete no efectuó ningún análisis socioeconómico del impacto de la medida “para ponderar la persecución de los objetivos de la Política Pesquera Común (la PPC) de practicar una actividad de pesca sostenible y generar beneficios económicos y sociales y productos alimenticios a precios razonables”. Y que vulneró “el principio de proporcionalidad”. Esgrimió también que no tomó la decisión “sobre la base del mejor conocimiento científico disponible”, realizando “una prohibición indiscriminada de artes de fondo sin distinguir entre el impacto de las diferentes artes”, y destacó –al igual que todo lo que recogió este periódico y denunció el sector– el escaso rigor en la metodología empleada ya que, por ejemplo, “incluye zonas en esta lista que no cumplen con las batimetrías”.

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