El CSIC cierra el caso “García del Cid” con su desguace y el despido de los tripulantes

El oceanográfico García del Cid lleva más de dos meses en las instalaciones de DDR Vessels, astillero asturiano especializado en desguaces. Allí lo mandó la dirección del organismo al que está adscrito, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y tras haber sido protagonista de la desaparición de Carmen Fernández (Cangas do Morrazo, 1980) el pasado mes de septiembre. La mujer, casada y con tres hijos, desapareció frente a las costas de Gandía; había denunciado una agresión sexual a bordo y solicitado, tras un periodo de baja médica, un cambio de buque. No se le concedió. Este miércoles, como avanzó FARO en su edición digital, los sindicatos confirmaron el peor final para los 11 empleados que continuaban vinculados al barco: el despido. La entidad que preside Eloísa del Pino, según las centrales (CC OO, UGT, CSIF y CIG), ha rechazado recolocarlos. “Todo esto nos hace sospechar que el CSIC está ocultando la verdadera razón para despedir a estos trabajadores”, condenaron en un comunicado. “Si finalmente se materializa este despido colectivo –abundaron– tendríamos el bochornoso honor de ser el primer organismo de la AGE [en referencia a la administración general del Estado] en realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE)”.

La investigación de la desaparición de Carmen, camarera a bordo, se cerró por la vía penal, con un primer fallo del juzgado de primera instancia, primero, y de la Audiencia Provincial, después. No se realizó ninguna diligencia judicial, por lo que ninguno de los tripulantes que iban a bordo del buque en la noche del 10 de septiembre prestaron testimonio. La Guardia Civil solo tomó declaración a 4 de las 16 personas que estaban en el García del Cid. A preguntas de FARO, que destapó el caso en septiembre, el CSIC abrió la puerta a reabrir una investigación interna sobre lo sucedido. Eso sí, semanas después optó por enviar el oceanográfico a desguace, sin comunicación previa ni licitación pública, hasta decidir ahora el despido de sus trabajadores. De modo que la desaparición de Carmen Fernández no volverá a ser objeto de indagación por parte de la institución, que ha recibido desde 2019 una docena de denuncias por acoso o agresión sexual. Un nuevo protocolo contra estas prácticas, también a bordo, entró en vigor tras el clamor por el fallecimiento de la mujer, avivado en redes sociales con el hashtag #MeTooCSIC.

La familia de la mujer prepara una demanda contra la entidad, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dirige Diana Morant.