La flota gallega en Uruguay sortea el paro general gracias a acuerdos con sindicatos

Argentina es el país del continente americano que más pesqueros ha recibido de España en las últimas tres décadas. Unidades de altura o gran altura readaptadas con el tiempo para la pesca de merluza o langostino (tangoneros) y con puerto base en Mar del Plata, Puerto Deseado o Puerto Madryn. Pero también Uruguay dio bandera en este periodo a buques de capital o matrícula de Galicia como el Feixe, Isla Alegranza o el Lérez. Pese a lo que exhibe a día de hoy, el país fue una fortísima potencia pesquera gracias a su superficie marítima –duplica a la territorial– y a la riqueza de su caladero. Poco queda ahora de aquel pasado lustroso: resisten operativas 54 embarcaciones costeras y congeladoras, casi media docena de las cuales pertenecen a armadoras del área de Vigo. El sector ha penalizado la falta de reformas o la diferencia cambiaria peso-dólar –el billete verde se cambiaba este martes a casi 40 pesos– y, en los últimos meses, también la caída del consumo y del valor de las capturas, que se exportan prácticamente a granel y en bloques congelados (sin valor añadido). La industria lleva meses parada por la ruptura de negociaciones con los sindicatos y solo doce buques han podido salir a la mar.

Lo hicieron este pasado fin de semana, incluidos los arrastreros de capital gallego de las armadoras Belnova (Río Solís II y Río Solís III) y Gadimar (Playa de Malvín). No se ha estrenado todavía el Sjúrðarberg, adquirido por Belnova –ex filial de Pescanova y ahora participada por Moradiña, Pesqueras de Bon y Lersol (agencia marítima)– en las Feroe el pasado mes de marzo, como avanzó FARO. Este último será bautizado como Río Solís IV, en reemplazo del emblemático Ila, construido en 1969 en Ascón. “Para los buques costeros es inviable aceptar esas condiciones de los sindicatos. Las armadoras que trabajan con arrastreros congeladores tienen la ventaja de que están pescando pota y merluza, que cotizan a buen precio. Pero los demás trabajaríamos a pérdidas”, lamenta el portavoz de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Carlos Abel Olivera, que ejerce asimismo como gerente en la armadora Novabarca, propiedad de un hijo de emigrantes gallegos. “¿Y qué pasará –abunda– cuando remate la zafra de calamar?”. La tonelada de calamar está cotizando por encima de los 3.000 dólares, lo que “permite” a la flota congeladora satisfacer los reclamos sociales sin incurrir en números rojos.

“Deseperación”

Según explica Olivera, estas armadoras de capital gallego firmaron acuerdos al margen de la doctrina de las patronales “por pura desesperación ante la necesidad de salir a trabajar”. Tanto la CIPU como la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) formularon ya el pasado diciembre al Gobierno una propuesta con cinco medidas para reactivar la industria pesquera y adaptarla al contexto inflacionario y reducción de las ventas. Los convenios colectivos quedaron sancionados a continuación –los sindicatos aludieron a un cierre patronal– ante la “imposibilidad” de asumir los costes. El 29 de abril caducaron todos y, desde entonces, la flota en pleno había quedado parada. Los pactos suscritos con los gremios de trabajadores –son tres: marineros, maquinistas y capitanes– son los que han permitido a Belnova o Gadimar el aproar caladero desde el puerto de Montevideo. “Podíamos estar trabajando con un centenar de barcos y exportar unos 500 millones de dólares al año”, prosigue el directivo consultado por este periódico. En 2023 la facturación exterior apenas alcanzó los 130 millones; hace más de dos años que la industria procesadora gallega no importa un solo kilo de pescado procedente de Uruguay, cuando hace poco más de una década adquiría materia prima por más de 1.000 toneladas anuales.

Las empresas señalan a los sindicatos, “muy ideologizados”, pero también a la administración pública. “La legislación es muy hostil, la normativa pesquera es extraordinariamente rígida”, remata Carlos Abel Olivera.

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