Inquilinos urgen el tope a los alquileres y la patronal, movilizar las viviendas vacías

Con el precio del alquiler y la compraventa de viviendas por las nubes en Vigo, la ciudad y el sector inmobiliario debaten sobre la forma para facilitar el acceso a un hogar, una quimera para los bolsillos de muchos vecinos a pesar de ser un derecho constitucional. El Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño apuesta, entre otras medidas, por topar el coste del arrendamiento, solución amparada por la ley de vivienda estatal –en vigor desde finales del pasado mes de mayo–. Mientras, la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) rechaza por completo esta herramienta y pone el ojo en la transferencia a la Xunta de las propiedades de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y la movilización de las viviendas vacías, más de 15.000 en la urbe.

Óscar Lomba, uno de los portavoces de la entidad que representa a los inquilinos en la ciudad, asegura que el sindicato también cree necesarias las propuestas de la patronal, pero defiende la urgencia de limitar el precio de los alquileres. Según Idealista, el porcentaje de incremento desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2023 en Vigo supera el 36%: de 6,8 euros el metro cuadrado a 9,4 euros. Las corporaciones locales de A Coruña y Santiago de Compostela ya han mostrado su voluntad de que se apliquen topes al coste de los arrendamientos, pero el Concello olívico lo rechaza: confía en que bajen las cifras con la construcción de más viviendas sociales, controlando los pisos turísticos y movilizando las propiedades vacías –aplica un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde 2020–.

Santiago y A Coruña exigen declarar zonas de alquiler tensionadas mientras Vigo lo rechaza

Lomba también considera fundamental restringir la proliferación de las viviendas de uso turístico, que crecen a pasos agigantados en la ciudad, donde ya son más de 1.500, según las cifras aportadas por Fegein. “Exercen unha influencia moi determinante no prezo do aluguer, así como a falta de vivendas asequibles”, lamenta. Al respecto, la Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia (Aviturga), como destacó su presidenta, Dulcinea Aguín, en una entrevista publicada por El Correo Gallego, medio del Grupo Prensa Ibérica, al que pertenece FARO, defiende que este tipo de alojamientos no son el problema de acceso a la vivienda, sino las casas y pisos vacíos: su entrada en el mercado permitiría aumentar la oferta, en mínimos a la espera de que se apruebe el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que disposición de suelo para la construcción de casi 51.500 viviendas, de las que 14.390 se prevé que estén sometidas a algún tipo de protección.

El presidente de Fegein, Benito Iglesias, deja claro que la limitación del precio de los alquileres provocará un trasvase más acelerado de viviendas del mercado tradicional al vacacional o un incremento de propiedades vacías, movimientos que, según apunta, ya se están produciendo por la “inseguridad jurídica” de los dueños. “La ley estatal es fácilmente recurrible, incluso por parte de un particular”, advierte antes de subrayar que la normativa “rompe el equilibrio de la balanza de propietarios e inquilinos” en favor de los segundos. “No podemos obligar a alquilar un piso por un precio determinado, vivimos en una economía de libre mercado. La única forma de bajar los precios es a través del aumento de la oferta”, argumenta.

En Vigo ya casi no quedan habitaciones para alquilar por menos de 300 euros

Para lograr esto último, apunta dos vías. “El Estado es el dueño mayoritario de la Sareb, por lo tanto, que transfiera a la Xunta de Galicia todas las viviendas –construidas o en proceso– y, sobre todo, el suelo residencial. Y que lo haga de forma gratuita, puesto que ya pagamos su rescate con dinero público”, asevera. Eso permitiría, en su opinión, alumbrar un “plan de choque” de viviendas sociales. “También es necesario movilizar la vivienda vacía a través de incentivos fiscales –deducción del 100% en el IRPF y en el IBI a aquellos que alquilen sus viviendas a un precio por debajo de mercado, por ejemplo– y aportando más seguridad jurídica a los propietarios frente a desperfectos o impagos, algo que, ahora, no se da debido a las medidas antidesahucio, prorrogadas en 2024”, concluye.

“Os pisos turísticos e a falta de vivenda social son determinantes na suba dos alugueiros”

Óscar Lomba - Sindicato de Inquilinas

“Los precios bajarán cuando se aumente la oferta, no a través de la limitación”

Benito Iglesias - Federación de Inmobiliarias

Declaración de Barcelona

La Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec) y entidades vecinales de otras 14 ciudades de España –Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, A Coruña, Sevilla o Zaragoza– suscribieron la Declaración de Barcelona, presentada recientemente en la Ciudad Condal. Entre las decenas de medidas que reclaman a las administraciones públicas, figuran la aplicación de la ley de vivienda para limitar el precio de los arrendamientos, la regulación de los alquileres de uso turístico o aumentar la cifra de pisos protegidos.

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