Los juzgados laborales baten récords de litigiosidad ante el colapso del SMAC

Los juzgados de lo Social de Vigo sufrieron de forma directa el golpe de la crisis de 2008. El peor año fue 2009, cuando entraron la friolera de casi 7.000 demandas laborales. Nunca se había alcanzado una cifra semejante. Los siguientes ejercicios siguieron siendo duros hasta que en 2015 la litigiosidad se desplomó dejando un balance de apenas 5.000 procedimientos. Arrancaba un nuevo ciclo que, con pequeñas variaciones, se mantuvo durante una larga época hasta que en 2021, con las consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus coleando con fuerza, la carga de trabajo volvió a crecer por encima de los 6.000 asuntos al año. Pero el verdadero aumento, el más importante, se ha producido sin duda en este 2023 que acaba de concluir. Porque en dicha anualidad las actuales siete salas dedicadas a esta materia registraron 7.239 casos. Es la cifra más alta que se recuerda en la ciudad olívica.

¿Cómo se ha llegado a este inesperado escenario? Aumentaron de forma destacada los despidos, las reclamaciones salariales o los pleitos contra la Seguridad Social, en este último caso por las demandas interpuestas por los padres que reclaman el complemento de maternidad en sus pensiones. Pero hay otro motivo ajeno a la conflictividad laboral que ha sido determinante y ese es el colapso del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Vigo, que provocó que muchos casos que ya podrían haber sido conciliados en esta oficina ubicada en la calle Teófilo Llorente acabasen en la vía judicial al no ser atendidos allí en el marco de la vía administrativa previa y además obligatoria para gran parte de los procedimientos.

Falta de medios humanos

La evidencia de lo ocurrido en el SMAC es por ejemplo una resolución emitida recientemente –en noviembre– por la jefa de sección de este servicio vigués en respuesta a la papeleta de conciliación laboral que un trabajador de una empresa de marketing digital había presentado dos meses antes para reclamar una serie de cantidades de salarios que se le adeudan. Pues bien, en ese documento esta responsable expone que el Real Decreto-Ley 32/2021 de reforma laboral, las circunstancias socio-económicas derivadas del COVID-19 y las que se produjeron por la crisis energética “tuvieron fuerte impacto en las relaciones laborales y notable incidencia en la actividad diaria de este SMAC, ya que provocaron un importante incremento de las solicitudes de conciliación laboral que los actuales medios humanos de esta unidad no puede atender en los plazos legalmente previstos”.

Ante la necesidad de tramitar “con carácter preferente” las reclamaciones sujetas a plazos de caducidad y ante estas “circunstancias excepcionales”, en el caso de este empleado se indica que el acto de conciliación laboral “no se pudo celebrar” en el plazo legalmente previsto, por lo que se “tiene por intentado”. La consecuencia en este caso y en otra multitud en la que ocurrió lo mismo es que los trabajadores perdieron la oportunidad de alcanzar un acuerdo previo en el ámbito administrativo, obligándoles por tanto a acudir a la vía judicial. “Durante el 2023 el SMAC no funcionó bien; muchos asuntos que ya se conciliaban allí han acabado por tanto en el juzgado, engrosando la entrada de asuntos”, confirman fuentes judiciales, señalando que, debido a esto, notaron también un aumento de las conciliaciones que se solían arreglar en el servicio de mediación.

Más reclamaciones salariales

Abogados consultados indican que el atasco del SMAC no afectó a los despidos, que son “procedimientos que tienen la consideración de urgentes”, pero sí por ejemplo a las reclamaciones salarios. “Muchas se arreglaban en la vía administrativa previa y por esta situación han acabado ante un juez”, resumen. De hecho, el mayor incremento se registró en estos pleitos salariales –reclamación de cantidades indebidas de nóminas, de convenios, de liquidaciones...–: fue de un 55% al contabilizarse 2.093 demandas frente a las 1.352 del año anterior.

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