El “castigo salvaje” a Galicia con la autopista AP-9: los peajes subirán un 6,55% este lunes
El precio entre Vigo y Coruña superará los 19 euros
Los usuarios, pendientes del dictamen de Bruselas sobre la prórroga: “No nos merecemos esto”
Transportes justifica el alza por repercutir el IPC de 2022
Vista del Puente deRande y la ría, símbolo de la AP-9. / Marta G. Brea
No por repetitivo deja de sorprender e indignar a partes iguales. Los peajes de la Autopista del Atlántico subirán este lunes 1 de enero un 6,55% en el que será el mayor incremento de la última década. A diferencia de 2022, el Gobierno no asumirá parte del IPC y serán los usuarios los que tendrán que pagarlo cada vez que pasen por las cabinas, además del 1% que Audasa suma por decreto por las obras de ampliación acometidas en Rande y Santiago. De esta manera, el precio por viajar de Vigo a Coruña por la AP-9 pasará de los 18,15 euros actuales a 19,35 euros de una tacada.
El tarifazo para 2023 se basa en varios factores. Al 4,03% reclamado por las concesionarias por su propio cálculo se suman el citado 1% –que se mantendrá hasta 2038– y la compensación por el tope del 4% impuesto hace doce meses; cuando podría haber alcanzado el 9,5%. “Se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación y se estableció la obligación de eliminarla a finales de 2026 para irla repercutiendo al usuario de forma escalonada” justifican desde el Ministerio de Transportes. De esta manera, los conductores pagarán a Audasa en 2024 lo que el Gobierno no transfirió este último. En cualquier caso, las cuentas de la empresa siempre ganan.
Desde el Gobierno central señalan que “de no continuar las subvenciones previstas el alza habría superado el 8,5%”. En 2023 supuso un ahorro de más de 33 millones de euros a los usuarios en las once autopistas de peaje. La de la columna vertebral de la Galicia occidental es la segunda mayor subida aprobada, ligeramente por detrás de la AP-7 entre Alicante y Cartagena y la AP-46 en Málaga con un 6,65% cada una. Si bien en dichas vías existen descuentos en función de la franja horaria o para viajeros recurrentes, estas medidas no se comenzaron a implementar hasta 2021 en Galicia. Transportes también se defiende alegando que “gracias a los acuerdos de investidura, estas bonificaciones se van a ver incrementadas aún más a partir de 2024”, año en el que se estrenarán en la AP-53 que une Santiago y Lalín y que subirá un 5,07%. Estas medidas pactadas con el BNG no afectan a las tarifas generales y, en cualquier caso, seguirán beneficiando a las saneadas cuentas de Audasa, que ha ganado 228,82 millones de euros en el último lustro.
tarifas ap9 / Hugo Barreiro
Esta será la primera subida dentro de la última prórroga que se activó el 18 de agosto de 2023 durante los próximos 25 años. Con las nuevas tarifas –pendientes de ratificación en el BOE y por parte de Audasa– el viaje entre Vigo y Pontevedra sube 30 céntimos hasta los 4,6 euros, el de Vigo a Tui alcanza los 3,2 y entre Vigo y Ferrol, 25 euros.
La citada prórroga esta siendo investigada por la Comisión Europea desde hace más de dos años, cuando tras la denuncia de la plataforma En Colectivo la declaró ilegal. Su presidente, Diego Maraña, cree que “los gallegos no nos merecemos que una vez más paguemos un coste desproporcionado”, al tiempo que otras resgiones “disfrutan de beneficios y ventajas que a los Gallegos nunca llegan”.
Condena unánime
“Es inadmisible esta sangría año tras año castigando salvajemente a la gente”
Las reacciones de empresarios, usuarios y transportistas no se han hecho esperar, considerando “irracional y desmedido” el enésimo aumento, un “castigando salvajemente” a los bolsillos de todos los gallegos. Así de claro se mostraba Enrique Mallón, portavoz y secretario general de la patronal metalúrgica Asime, quien apunta que “independientemente del color político de cada gobierno es inadmisible esta sangría que se produce prácticamente año tras año. De una vez por todas debemos terminar con esto y exigir un trato digno para Galicia”. En la misma línea continúa Manuel Rodríguez, presidente del Círculo de Empresarios, quien considera “necesario que se gestione desde Galicia” ya que no hay una vía alternativa”. Para Juan Vieites la noticia “es un paso atrás” y no contribuirá a controlar el IPC. El responsable de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) cree que “el Gobierno podría contener ese coste, es una cuestión de voluntad y compromiso con Galicia”.
“El Gobierno da un paso más en la brecha entre territorios e impacta en las empresas”
Su homólogo en la provincia, Jorge Cebreiros, considera la AP-9 “absolutamente amortizada” y cree que “el Gobierno está dando un paso más en la brecha entre territorios que impacta muy negativamente en el bolsillo y la competitividad”. A esta cuestión apunta también José García Costas, presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, quien cree que se ve mermada y lo califica de “continuidad en el castigo a nuestra comunidad”.
En el plano político, las dos formaciones que ampliaron la concesión y sus condiciones, PP y PSOE, se han señalado mutuamente por este tarifazo. Paula Prado asegura que “es una tomadura de pelo”. Durante un acto en Oroso opinó que “el Gobierno de España se ríe del BNG, de los gallegos y de Galicia“, ha indicado la secretaria general de los populares gallegos.
El secretario de organización del PSdeG-PSOE ha pedido que “dejen de tomarle el pelo a los gallegos” empleando las autovías como ariete. Jose Manuel Lage Tuñas reprochó así que el PP paralizara la transferencia de la AP-9 durante el Gobierno de Rajoy –algo imitado por Sánchez– y reivindicó las bonificaciones.
Ministros de ambas formaciones han propiciado que los gallegos sigan pagando. La concesión fue prorrogada en 1994 por Josep Borrell hasta 2023 y en el año 2000 por Francisco Álvarez Cascos hasta 2048. En 2011, José Blanco financiaba las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago en un Real Decreto que blindaba la subida del 1% anual.
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