La Fiscalía acusa de delito de contrabando a la trama de cupones de lotería falsos

La trama de cupones de lotería falsos con epicentro en Vigo y su área desarticulada por la Guardia Civil en la que se bautizó como “Operación Agida”, que tenía como gancho sustanciosos premios de hasta 30.000 euros, pronto llegará a juicio. La instrucción judicial de este caso de venta de boletos vinculados ilegalmente al sorteo de la ONCE ya ha tocado a su fin y, en un escrito que cuenta con la conformidad expresa de la acusación particular ejercida por dicha organización de ciegos y de las defensas, la Fiscalía atribuye a los cuatro principales acusados un delito de contrabando, solicitando penas que oscilan entre los nueve meses y los dos años de prisión.

Junto a la considerada cabecilla, su madre y dos colaboradores más, en el procedimiento también se investigaba a una veintena de vendedores radicados en distintas zonas de Galicia –Moaña, Cangas, Nigrán, Vilagarcía de Arousa, Ourense y A Coruña– y en otros puntos de España –País Vasco, Extremadura y Andalucía–, pero para todos ellos se solicita el sobreseimiento al no haber podido acreditarse que la conducta de cada uno de ellos por separado alcanzase los 50.000 euros de valoración económica que exige la Ley de Represión del Contrabando para que haya castigo penal.

La titular del Juzgado de Instrucción 6 de Vigo acaba de dictar el auto de apertura de juicio oral, por lo que la ratificación de las condenas de conformidad alcanzadas gracias a que los acusados ya reconocieron los hechos solo está pendiente de que el procedimiento se turne a un juzgado de lo Penal y se ponga fecha a la vista. Todos serán beneficiados con las circunstancias atenuantes de confesión y de reparación del daño, esta última porque consignaron 5.000 euros para el pago de las costas y los perjuicios causados a la ONCE por esta actividad ilícita.

¿Cómo funcionaba el entramado?

La trama de los cupones falsos ya viene de lejos, cuando fue puesta en marcha por personas a las que no afecta esta causa. Lo que “idearon”, arranca la fiscal en el escrito de conformidad, fue un sorteo que simulaba estar organizado en beneficio de asociaciones para la atención de personas con discapacidad, para lo cual comercializaban boletos de lotería que tenían la denominación del “cupón del minusválido” o “cupón del discapacitado”. Pues bien, tras fallecer los ideólogos, dos de las actuales acusadas “se concertaron” para continuar con el lucrativo negocio. Una de ellas, M.X.M.A., de 58 años, que ya había estado vinculada al entramado llevando la contabilidad, contactó con la otra, S.G.V., de 50 años, para que esta última se encargase de mantenerlo vivo, “facilitándole los contactos de los distintos vendedores e impartiéndole instrucciones sobre el reparto de ganancias y controles a ejercer”.

De esta modo, fue esta última mujer –a la que se considera autora del delito de contrabando y para la que se solicita la pena más alta, de dos años de prisión y 135.335 euros de multa– la que se puso al frente y al menos desde julio de 2020 y hasta la desarticulación de la trama en marzo del pasado año se encargó, concreta el Ministerio Público, de la “fabricación” de los cupones, que aparentaban ser emitidos por una asociación.

Vinculándolos de forma ilegal a los sorteos reales de la ONCE –carecían de “cualquier autorización” por parte de la administración público o de dicha organización tal y como incide la acusación pública–, los boletos que se comercializaban costaban entre uno o dos euros: en los mismos constaba el número del mismo, la fecha del sorteo y los premios, que oscilaban entre un euro y 30.000 euros. También vendían unos cupones denominados “rasca la silla de la suerte”, en los que el donativo era de 0,50 euros para premios instantáneos, refiere el escrito, de hasta 5.000 euros.

En cooperación con una imprenta

¿Y cómo fabricaban los boletos? Pues la principal encausada encargó al responsable de una imprenta la elaboración física de los cupones, que en ocasiones incluso llevaban un código de barras pero que resultaba ilegible. Este hombre, J.M.R.C., es considerado junto a M.X.M.A. cooperadores necesarios, afrontando cada uno de ellos un año y medio de cárcel y multa de 135.335 euros. La cuarta acusada es la madre de la cabecilla, M.E.G.C., una mujer de 74 años para la que, en calidad de cómplice, se piden 9 meses de prisión y multa de algo más de 67.000 euros. Esta septuagenaria ayudaba a su hija a preparar los paquetes rebosantes de cupones que remitían a la red de vendedores que tenían en distintos puntos de España

Esos vendedores recibían los envíos cada semana a través de empresas de paquetería. Por su participación en el entramado se quedaban con parte de lo que recaudaban en las ventas y algunos tenían a mayores una “compensación por traslados”. ¿Y qué ocurría si el cupón resultaba premiado? Pues si el premio era de poco valor, se encargaba de pagarlo el propio vendedor. Y si ya era una cantidad importante, lo hacía, también en efectivo, la principal acusada. En el registro realizado por la Guardia Civil en la casa de esta mujer cuando se puso fin al ilícito negocio los agentes se incautaron de más de 28.000 cupones. En la casa de su madre, junto a más boletos y otros efectos, había 11.480 euros en efectivo. La investigación judicial determinó que el valor total de los cupones aprehendidos ascendía a 270.670 euros.

Junto a cárcel y multa, el escrito de conformidad incluye para los acusados la inhabilitación para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con los juegos de azar por un período de dos años.

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