Si hay una reforma eterna que no acaba de materializarse, esa es la de los registros civiles. La ley actual está vigente desde 1957 y la que iba a sustituirla se aprobó en 2011. Pero, casi una década después, todavía no ha entrado en vigor. La materialización de lo que plasmó aquel texto legal no ha hecho más que encadenar aplazamientos y, con ello, el nuevo modelo de servicio que se quiere promover ha sufrido a lo largo de estos años distintos enfoques y toda una suerte de idas y venidas. Ahora, de nuevo, su tramitación vuelve a estar en marcha de la mano de una Proposición de Ley del PSOE cuya toma de consideración se debatió en el Congreso este pasado septiembre y a la que PP y Ciudadanos adelantaron su apoyo. A grandes rasgos, la reforma supondrá la supresión de los juzgados que hasta ahora vienen ejerciendo estas funciones y su sustitución por las denominadas oficinas generales de Registro Civil. Los jueces dejan de estar al cargo del servicio.
La nueva fecha de entrada en vigor que hay sobre la mesa es la del 30 de abril de 2021. Si esta reforma sale de una vez a adelante, una de las cuestiones a aclarar en Vigo es la de la ubicación del servicio. El sindicato judicial SPJ-USO la acaba de poner sobre la mesa, al denunciar que la Xunta, en el marco del proyecto de la futura Ciudad de la Justicia que se alzará en el antiguo Hospital Xeral, “deja de lado” el Registro Civil. Expone que “pretende desvincularlo de la Administración de Justicia”, con la que incluso con los importantes cambios que plantea la nueva ley seguirá teniendo una “vinculación directa”. En una nota firmada por la delegada sindical Yolanda Rodríguez Caride, solicitan que dicho servicio público se ubique en el futuro complejo judicial vigués, cuyas obras, según el último plazo anunciado, está previsto que concluyan en el primer trimestre de 2021.
La Xunta no se ha pronunciado todavía sobre cuál será la ubicación futura del Registro Civil de Vigo, que a día de hoy tiene su sede en uno de los edificios judiciales de la calle Lalín, donde, junto a las oficinas, cuenta con una sala para oficiar bodas civiles. “Se está valorando la ubicación más idónea”, contestaron esta misma semana fuentes del gobierno autonómico. El temor de SPJ-USO es que el servicio al que cada día acuden decenas de ciudadanos para solicitar certificados de nacimiento, matrimonio, defunción o fes de vida, o para realizar otro tipo de trámites, acabé en el edificio del Casco Vello que hoy ocupa el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, lo que lo situaría a una “distancia considerable” de la Ciudad de la Justicia.
De hecho, este inmueble situado en la parte alta del barrio antiguo había sido adquirido en 2011 por la Xunta para ubicar allí el Registro Civil y liberar de esta manera de espacio los saturados juzgados de la calle Lalín. Pero finalmente dicho traslado no llegó a materializarse. Allí, junto a la oficina de embargos que cambiará de ubicación en cuanto esté en pie el gran complejo judicial de Pizarro, se sitúa también el juzgado de refuerzo de cláusulas suelo, que finalizará su labor entre enero y febrero de 2021.
El sindicato afirma que la Ciudad de la Justicia es el lugar “ideal” para el Registro Civil porque hay espacio suficiente y porque, pese a que los jueces dejarán de ser los encargados de este servicio, el organismo, señalan, “seguirá dependiente del Ministerio de Justicia, ya que el relevo de este cargo será asumido por los letrados de la Administración de Justicia (secretarios judiciales) junto al resto de plantillas judiciales de funcionarios”. Insisten en esa “vinculación directa” con los juzgados y con la Fiscalía, “donde a diario se les remiten expedientes para examen e informe”. “Hemos pedido una entrevista con el alcalde de Vigo para que defienda la ubicación del Registro Civil en la futura Ciudad de la Justicia”, concluyen.
Ya en 2018 el grupo parlamentario del PSOE gallego elevó una pregunta a la Xunta sobre los motivos de “no incluir” ese servicio en el futuro complejo. El gobierno autonómico, en abril de 2019, contestó que se estaba “estudiando” cuál iba a ser su ubicación exacta, “a la vista de la desjudicialización de este servicio por la Ley 20/2011 [...]”. “En la nueva configuración legal, el Registro Civil está al margen de la actuación jurisdiccional, dejando los jueces y juezas de ser los encargados”, indicaba dicha respuesta.
Un cambio legal que lleva casi una década de retraso y que protagonizó sonoras polémicas
El proyecto al final descartado de otorgar el servicio a los registradores mercantiles puso en pie de guerra a los juzgados de Vigo en 2015
La reforma del Registro Civil lleva años coleando. De hecho, desde que en 2011 se aprobó la ley, se anunciaron diversas fechas de entrada en vigor sin que, hasta ahora, en ninguna de ellas se haya materializado el cambio. A día de hoy se sigue funcionando con la Ley del Registro Civil de 1957 y la normativa a la que se dio luz verde hace casi una década continúa en situación de vacatio legis. La nueva fecha anunciada sitúa la modificación legal en la primavera de 2021.
A la espera de si la reforma se pone definitivamente en marcha, lo cierto es que desde que se alumbró la ley de 2011 hubo también sucesivos cambios sobre lo que se pretendía hacer con el Registro Civil. Uno de los más polémicos data de 2015, cuando la modificación que por aquel entonces quería acometer el Ministerio de Justicia –el ministro era el Rafael Catalá (PP)– puso en pie de guerra a los juzgados de Vigo. Hubo protestas y concentraciones contra la intención del Gobierno de privatizar este servicio y entregárselo a los registradores mercantiles. Esa reforma finalmente no salió adelante.
Uno de los grandes cambios del proyecto actual del PSOE es que los jueces dejarán de estar al frente de los registros civiles. La previsión es que ese puesto lo ocupen “funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan licenciatura de Derecho o la titulación universitaria que la sustituya o letrados de la Administración de Justicia”.
