El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) restringe a la zona sur de la Plisan que inicialmente estaba en manos del Puerto el derecho a cobrar por los potenciales derechos mineros sin explotar y reduce a 1,6 euros por m2 la valoración del suelo que puede reclamar una demandante particular, muy por debajo de los 4,03 euros/m2 que fijaba una de las primeras sentencias de junio de 2011.

El fallo de la Sala de lo Contencioso data del 9 de octubre y desestima los recursos interpuestos por la Autoridad Portuaria y el Consorcio de la Zona Franca mientras que estima parcialmente el presentado por una particular contra el acuerdo del Xurado de Expropiación de Galicia por el que se determinó en vía administrativa el justiprecio de la finca. Los promotores del denominado puerto seco ya pagaron 43 millones por los terrenos y estimaron en ocho millones lo que tendrían que abonar posteriormente por los derechos mineros susceptibles de aprovechamiento económico.

Tras la última sentencia del alto tribunal gallego, los promotores concluyen que la cantidad será al final bastante inferior e insisten en que seguirán saliendo cientos de fallos respecto al precio del suelo "que en ningún caso restan seguridad jurídica al proyecto. La Plisan está blindada", aseguran desde el Consorcio, cuya delegada llegó a cifrar en seis mil los contenciosos planteados contra el justiprecio y más de un millar contra el proceso expropiatorio.

El fallo del TSXG del 9 de octubre reconoce "la existencia en prácticamente todo el ámbito de la Plisan de recursos mineros de la sección a) -escaso valor económico y comercialización geográficamente restringida-, si bien solamente resultan ser susceptibles de explotación aquellos que se encuentran en la denominada terraza QT3 con 1.729.845 m2 de extensión".

Analizadas todas las pruebas e informes de los peritos judiciale, el tribunal establece en la suma de 1,6 euros/m2 el precio del suelo siempre que el demandante acredite que su finca está dentro de los límites susceptibles de recibir indemnización, que se corresponden con la parte sur más próxima a la vía del ferrocarril y por donde Xunta, Puerto y Zona Franca quieren relanzar la urbanización de la Plisan el próximo ejercicio.

Nueve años después de ocupar las 5.800 parcelas que configuraban el parque -una parte se desestimó por sentencia del Tribunal Supremo-, los promotores cifran en 3.000 las fincas cuyos dueños pueden reclamar derechos mineros, como adelantó FARO el 17 de febrero. El dinero adicional que Xunta, Zona Franca y Puerto tengan que pagar por este concepto se suma a los otros seis millones que abonaron en 2012 al reconocer los jueces una tasación mayor del suelo sobre la realizada hace una década por la administración.