La Audiencia Nacional fija en noviembre el macrojuicio contra Sito Miñanco

La Audiencia Nacional acaba de señalar la fecha del macrojuicio del “caso Mito”, con –por lo menos– 22 jornadas de vistas orales: arrancará el 18 noviembre y sentará en el banquillo a José Ramón Prado Bugallo, alias “Sito Miñanco” y, entre otros 48 acusados más, al abogado de Puigdemont en el procés, Gonzalo Boye.

También a cuatro empresas, que van desde un astillero de Pontevedra a una inmobiliaria, una empresa de naútica y otra de seguridad. La fecha de este juicio es un asunto dilatado desde hace más de dos años y en el auto publicado ayer se prevé que se extienda hasta al menos el 30 de enero de 2025.

La operación bautizada como “Operación Mito” por las fuerzas de seguridad se centró en la red que presuntamente dirigía Sito Miñanco y que intentó introducir sin éxito en España más de cuatro toneladas de cocaína en dos operativos diferentes, que fueron truncados, además de en el entramado creado para ocultar los beneficios. La red supuestamente se dedicaba a la importación y distribución de sustancias estupefacientes y algunos miembros se encargaban presuntamente en exclusiva de facilitar el dinero en ‘b’ y al blanqueo de capitales. Otro integrante utilizaba su empresa de seguridad supuestamente para emitir facturas falsas.

Incautación en Barajas

En el marco de esta operación, 889.620 euros de la organización fueron incautados en 2017 en el aeropuerto de Barajas. Según el auto de procesamiento que dictó la Audiencia Nacional, los investigados aseguraron que ese dinero pertenecía al hombre que lo transportaba en el momento de la incautación, de origen colombiano. Supuestamente, Gonzalo Boye y otro abogado propusieron al narco una estrategia para tratar de justificar el origen legal del dinero.

Los acusados se enfrentan a presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales cometido en el seno de una organización criminal procedente del narcotráfico; delito continuado de falsificación de documento oficial; al que se suman dos delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito de atentado a agentes de la autoridad y tenencia ilícita de armas, entre otros.