La Xunta solicita un informe al Consello Consultivo para recurrir la ley de amnistía

La Asesoría Jurídica del Ejecutivo considera que vulnera el principio de la separación de poderes

Alfonso Rueda comparece ante los medios de comunicación tras el Consello da Xunta.

Alfonso Rueda comparece ante los medios de comunicación tras el Consello da Xunta. / Xoán Álvarez

Belén Teiga

El Ejecutivo liderado por Alfonso Rueda acordó este lunes solicitar un dictamen preceptivo al Consello Consultivo de Galicia sobre la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional la ley de amnistía, aprobada hace apenas un mes. Según trasladó el presidente de la Xunta “existen razones” más que suficientes para que la comunidad “actúe en defensa del Estado de Derecho”.

Según explicó Rueda tras la reunión semanal de su equipo, la Xunta entiende que la “jurisprudencia” ampara que las comunidades recurran ante el Constitucional en los que casos en que interpreten que una normativa “menoscaba” sus competencias o altera el “orden jurídico”.

Por ello, la Asesoría Jurídica del Gobierno gallego considera que hay al menos cinco motivos para solicitar este dictamen. En este sentido, el líder del Ejecutivo autonómico expuso que la ley de amnistía “contradice artículos de la Constitución, como el 9.1”, en el que se establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución. 

Así las cosas, subrayó que varios de los artículos de la norma incurren en “arbitrariedad” y, bajo el criterio de la Asesoría Jurídica de la Administración gallega, “chocan frontalmente” con el principio de igualdad territorial, jurídica y económica.

El presidente de la Xunta aseguró, asimismo, que la ley de amnistía vulnera el principio de la separación de poderes, puesto que deja sin efecto decisiones firmes adoptadas por el Poder Judicial. Además, estima que el objeto de aplicación de la normativa es “demasiado amplio e indeterminado”, por lo que “el principio de seguridad jurídica se ve seriamente comprometido”.

Este anuncio del Gobierno gallego se produjo el mismo día en el que el Supremo hizo público que amnistiar la malversación del ‘procés’ y mantiene la orden de detención al expresidente catalán Carles Puigdemont.