Los concellos protagonizan casi el 70% de las sanciones por vertidos ilegales o tóxicos

Corrientes de espuma blanca o aguas con turbieza y cierto olor a basura. Son algunas evidencias que dejan los vertidos de una depuradora municipal o procedentes de una industria, los purines desechados por una explotación ganadera, los restos de disolventes o aceites y los residuos sanitarios, entre otros, que a diario amenazan la calidad de las aguas de la comunidad. No hay día en que los ríos, las dársenas, o las playas de Galicia no sean blanco de un vertido ilegal o contaminante. Unos superan los límites de carga medioambiental fijados por ley y otros se realizan sin la autorización pertinente por parte de la Administración. Augas de Galicia se encarga analizar los componentes y el nivel de toxicidad del foco detectado con el objetivo de identificar al responsable –ya sea una empresa, un ayuntamiento o un particular– y, en consecuencia pague. El organismo hidrológico impuso el año pasado 74 sanciones de los 105 expedientes resueltos, lo que supone que el 70,5% de los procesos iniciados culminan con una multa por vertido ilegal o tóxico.

¿Quién es el responsable? Las sanciones impuestas el año pasado por Aguas de Galicia sitúan a las administraciones, en concreto a los concellos, como principales protagonistas de estos residuos que ponen en riesgo la calidad de las aguas, ya sean de dominio hidráulico (ríos) o bien en zona marítimo-terrestre (rías y mar). De las 74 multas impuestas el año pasado por vertidos, 50 corresponden a ayuntamientos (el 67,5% del total), la mayoría por deficiencias en el funcionamiento de sus depuradoras, seguidos de las empresas con 19 (la cuarta parte) y, finalmente, particulares, con cinco (casi el 8%). El volumen total de expedientes resueltos con sanción en 2023 es el mismo que el ejercicio anterior, pero el peso de sus responsables varía. En el caso de los concellos, en 2022 fueron 41 las multas que tuvieron que afrontar por residuos en las aguas de la comunidad, lo que se traduce en un aumento el año pasado del 22% y 12,5 puntos por encima del peso que representaban el ejercicio anterior (55%). En el caso de las sanciones a empresas, en 2022 Augas de Galicia penalizó a un total de 30 frente a las 19 del año pasado. En este caso se produjo un descenso del 36,6%. Y, finalmente, los expedientes resueltos con sanción en 2022 a particulares fueron tres, casi la mitad que en 2023 (5).

Principalmente las infracciones detectadas son de tres tipos. Por un lado, las derivadas de un vertido no autorizado, que pueden acarrear multas de hasta 300.000 euros. Por incumplimiento de la autorización, los importes se sitúan en los 15.000 euros. Y en los casos de desatención, el requerimiento de Augas de Galicia suelen ser sanciones de 5.000 euros.

Suscríbete para seguir leyendo