Alarma ante la Ley europea de Restauración de la Naturaleza por el daño al sector primario

PSOE y fuerzas ecologistas defienden la norma que blindará protección a humedales y bosques autóctonos

El PP y agricultores temen un hachazo a la ganadería y agricultura autonómicas

El BNG pide que se estudie el impacto social

Lagoa de A Bordeira, este año.

Lagoa de A Bordeira, este año. / M. Méndez

Hace dos semanas se aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea, una medida controvertida que tiene el objetivo de reparar diferentes ecosistemas dañados y devolver la biodiversidad en las regiones. La meta es la recuperación del 90% de todo lo degradado en 2050.

Aunque puede sonar como una realidad lejana y distante, lo cierto es que ahora, tras la aprobación de la medida, se comenzará a estudiar de qué manera se va a aplicar en Galicia. Es decir, en qué zonas y cómo se va a realizar dicha restauración. En 2027 debería estar rematado el plan español y su traducción a cada comunidad autónoma.

El primer toque de queda será en 2030, cuando ya tendrán que estar en condiciones el 20% de los ecosistemas perjudicados.

“Tendremos que dejar tierras como estaban. Es una locura”

Francisco Bello

— Presidente Asaga

Asociaciones de agricultores como ASAGA temen graves daños –más pronto que tarde– sobre la economía de los trabajadores del sector primario. “Tendremos que dejar tierras como estaban, en su estado natural. Es una locura que quieran recuperar el 20% del terreno, va a afectar a todo nuestro sector”, alertó su presidente Francisco Bello. Por ello, desde este colectivo prefieren “ponerse la venda antes de que llegue la herida” y ya han comenzado a reunirse en Bruselas con los diferentes representantes políticos, para tratar de hallar una solución “antes de que lleguen las pérdidas económicas”, indican. También creen que condicionará que lleguen nuevos proyectos e ideas al rural, fomentando además la huida de zonas menos pobladas.

“No vemos la medida dotada de presupuestos para ponerla en marcha”

Jacobo Feijóo

— Representante UUAA

La organización mayoritaria en Galicia, Unións Agrarias, coge con pinzas la medida. Advierten, a través de uno de sus responsables, Jacobo Feijóo, que “ no la ven dotada de presupuestos para ponerla en marcha y deja la responsabilidad de su despliegue a cada país”.

Este dosier, que enfrenta a una parte del sector primario con entidades ecologistas, es uno de los más polémicos de la nueva legislatura y, aunque se aprobó hace tan sólo unos días, trae consigo cierto recorrido. La medida fue propuesta por primera vez en junio de 2022. En 2023 los grupos de derechas lograron frenarla y, tras meses de intensos debates, en noviembre se alcanzó un acuerdo provisional. Mientras esto ocurría, los agricultores hacían ruido y auguraban que esta ley supondría una carga adicional a los problemas que ya sufren por el cambio climático.

Una parte de la izquierda continuaba tratando de impulsar la medida y la derecha y la ultraderecha se alzaban como portavoces del inconformismo agrario.

En la última votación, hace unas semanas, las tornas cambiaron. Austria, que en un principio estaba dividida, votó a favor y logró que se aprobase con el mínimo necesario.

Sus implicaciones

Si bien el objetivo final es tener el 90% del territorio dañado reparado para 2050; en 2030 ya debe de estar a punto el 20% y tres años más tarde se revisará por primera vez su impacto.

Las modificaciones implicarán diferentes intervenciones, como trabajos en los bosques autóctonos, cambios de gestión en los humedales, reducción de especies invasoras, eliminación de las barreras artificiales de los ríos, recuperación de ecosistemas dunares donde ahora hay plantaciones, seguimiento y cuidado de los polinizadores o cambios en las tierras de cultivo, entre otros.

La ley también afecta a las ciudades: deberán preservar sus zonas verdes

Por ejemplo, habrá que fomentar el aumento de ejemplares de algunas especies concretas, como las mariposas o determinadas aves, en zonas agrícolas. Además, la ley no sólo tiene que ver con el rural, sino que también afectará a las ciudades, pues el reglamento obliga a que se preserven sus zonas verdes.

Política y ciencia

Los eurodiputados gallegos adoptaron con sus partidos posicionamientos dispares. Por otra parte, diferentes técnicos y expertos en la materia consultados, mantienen por lo general una postura optimista ante la aprobación de la ley, algunos con advertencias de posibles consecuencias económicas a corto plazo.

“Si los ecosistemas se mueren, también lo hará el empleo en el futuro”

Nicolás González

— Eurodiputado PSOE

En el lado más a favor de la aprobación de esta medida se ubica el PSOE. El eurodiputado gallego de este partido, Nicolás González, indica que respalda 100% la ley, sobre todo para comunidades como Galicia. “En nuestro territorio tenemos unas rías que dan muy buenos servicios y que cada vez ofrecen menos producción alimentaria y en buena parte es debido a la degradación de sus ecosistemas”, explica González. “Con esta ley se pretenden restaurar y dar rienda a que puedan seguir dando beneficios”, añade.

El eurodiputado ejemplifica con la ría do Burgo, que se está empezando a recuperar tras años siendo un espacio muerto. “Y es que si los ecosistemas que producen se mueren, también lo hace el empleo que los acompaña”, indica González.

Además, señala que la Xunta de Galicia tendrá deberes porque “seguramente nos vayan a poner multas por mala gestión y por no cumplir objetivos de la Red Natura 2000”.

Sobre el riesgo de que se pierdan terrenos de trabajo, el eurodiputado asegura que la nueva norma no tendría por qué cargarse nada que cumpla con los criterios de sostenibilidad. “No podemos dejar que las explotaciones a la larga dejen de ser sostenibles. Para llevar a cabo la medida, se les apoyará también con el dinero de la PAC”, explica.

Por último, apunta que las pérdidas de zonas de cultivo en Galicia ocurren por el abandono del campo “y no por ninguna política europea”.

“El territorio es amplio, se puede compaginar restauración con producción”

Pablo Ramil

— Director Ibader

En esta línea, el director del Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER), Pablo Ramil, cree que la necesidad de restaurar los ecosistemas es primordial. “El revuelo es más político que técnico, esta ley es un empujón para algo que ya estaba aprobado en la estrategia de biodiversidad europea”, dice.

En Galicia, los sistemas dunares, los humedales y los brezales son, según el profesor, algunos de los accidentes en los que se debe intervenir. “Y eso no va en contra de la producción ni del uso de la superficie agraria. El territorio es muy amplio como para compaginar restauración con producción”, asegura Ramil.

Según el director del IBADER, esto podría tener un fuerte impacto económico positivo porque la restauración cambia también la forma de explotar el medio natural: “Necesitas operarios para hacer ese cambio e impulsas actividad en el medio rural”, dice.

“No se hizo un estudio del impacto social debido para esta medida”

Ana Miranda

— Eurodiputada BNG

En un punto medio sobre la aprobación de esta normativa está la diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Ana Miranda. Su grupo se abstuvo en la votación. “Si bien tiene medidas muy positivas, hay una serie de cuestiones que implicaban la aceleración de proyectos como los de las macroeólicas o de megaminería contaminante”, explica. Pero, además, asegura que les frenó observar que era muy difícil aplicar todos los objetivos que marcaba Bruselas: “No hubo un estudio del impacto social que debería tener una medida de estas características, como pasó con el tema de la pesca de fondo. La falta de diálogo nos llevó a tener una posición crítica”, puntualiza. Con todo, nombra algunos accidentes geográficos que sí necesitarían saneamiento. Como las rías, los embalses, zonas fluviales plagadas de cianobacterias, o los ecosistemas urbanos que necesitan más zonas verdes.

“Vemos que de nada sirve tener medidas muy ambiciosas si no se cumplen las de aquí. Tenemos un plan director de la Red Natura que está siendo investigado”, recuerda la nacionalista. “Necesitamos medidas que vayan con planes, que se cumplan los plazos y que vengan con acompañamiento económico. Esta ley si no lo trae no nos dejaría poner en práctica la conciliación”, apunta también. Desde su punto de vista, la medida de restauración podría afectar económicamente a agricultores y ganaderos y su aplicación está desenfocada: “Aquí tenemos una superficie agraria útil muy pequeña y lo primero que habría que hacer es alcanzar más superficie agraria que se pueda trabajar y evitar que se pierdan rentas en el rural”, indica. Mientras se deciden los parámetros, Miranda trabaja en una línea paralela para restaurar las rías gallegas.

“El efecto sobre Galicia tendrá que ver con lo que se establezca en los planes nacionales”

Juan Picos

— Dir. Escola Enxeñaría Forestal

El director da Escola de Enxeñaría Forestal de la Universidade de Vigo, Juan Picos, también sopesa que la situación tras la aprobación de la ley es “incierta”. “El efecto que tenga sobre Galicia tendrá que ver con lo que se establezca en los planes nacionales. Ahora, hay que trabajar para aprovechar la parte buena de la ley que es la conservación”, dice Picos. Según él, esto debe implicar que no se abandone el medio rural y se restauren zonas con lógica, no levantando, por ejemplo, una zona urbanizada o en la que se construyó.

“La ley tendrá que venir con otra que regule la entrada de productos de otros países”

Pedro Calaza

— Dir. Escola Galega Paisaxe

Por su parte, el investigador y director de la Escuela Gallega del Paisaje, Pedro Calaza, estima que la medida va a afectar en todos los aspectos, incluida la economía. “La ley está pensada para mejorar el territorio y la gestión de la agricultura, pero hay que estudiar sus pormenores para que puedan converger la parte productiva y la parte ambiental. Tiene que ser así”, señala Calaza.

Para él, es fundamental que la Ley de Restauración de la Naturaleza venga acompañada de otra que regule la entrada de productos de otros países no comunitarios para evitar “que se rompan las reglas de juego”.

“Podemos perder hasta un 30% de tierra productiva agrícola”

Adrián Vázquez

— Eurodiputado PP

Por último, y totalmente en contra de la aprobación de esta medida, está el Partido Popular y la asociación ASAGA. El eurodiputado Adrián Vázquez asegura que la ley “se ha pasado tres pueblos a la hora de ser pragmática y de verdaderamente recuperar ecosistemas”. “Podemos perder hasta un 30% de tierra productiva agrícola y estamos en una situación en la que necesitamos producir más alimentos no menos”, añade.

Según el lalinense, con esta medida se obvian las advertencias de los agricultores y ganaderos de “media Europa” y, afirma, que es el germen de todas las protestas que hubo durante los últimos meses por parte de agricultores y ganaderos.

“Cuando uno legisla a golpe de sectarismo resultan productos legislativos como este que espero que aún podamos cambiar durante la legislatura”, añade Vázquez. Según él, los que están “en las trincheras del cambio climático” son los agricultores , por lo que “no se debe seguir demonizando un sector tan necesario que fija población en zonas rurales”, menciona. 

Suscríbete para seguir leyendo