El Gobierno sondea cambios legales para prohibir los pisos turísticos en edificios

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avanzó ayer que el Gobierno estudia una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para regular los pisos turísticos como una actividad económica más y dar mayor capacidad de decisión a las comunidades de vecinos para vetar su apertura si lo estiman pertinente. “Las comunidades de propietarios tienen mucho que decir y deben participar en esas decisiones”, declaró en una entrevista en Telecinco.

Argumentó que este camino que valora emprender el Gobierno central es consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya se pronunció en dos sentencias en dos vecindarios de Oviedo y San Sebastián el año pasado. En concreto, los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, por lo que dio la razón a dos comunidades de propietarios, y ordenaron el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos.

“A partir de ahí, van a ser las comunidades de vecinos las que van a poder también participar en este tipo de decisiones, porque este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, afecta a todo el mundo y a las principales capitales del entorno europeo”, explicó.

Colisión con el derecho de acceso a la vivienda

En esta línea, Rodríguez criticó que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, está elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta en el alquiler residencial.

Por ello, durante su intervención celebró que las comunidades autónomas estén tomando “cartas en el asunto”, poniendo el ejemplo reciente de la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de querer eliminar todos los pisos turísticos en noviembre de 2018.

A la hora de valorar esta propuesta, la ministra de Vivienda destacó que “va a beneficiar a la ciudadanía de Barcelona que quiere vivir en su ciudad, que no quiere sea un parque temático y que prioriza el derecho al acceso a la vivienda frente a intereses económicos”.

En Galicia, es el Ayuntamiento de Santiago el que más serio se ha puesto con la regulación de los pisos turísticos, dejando al margen de la legalidad unos 600 que no estaban inscritos en el registro municipal, pese a que sí lo estaban en el de la Xunta. Sin embargo, el Gobierno gallego sostiene que la proliferación de esta modalidad de alojamientos, con casi 24.000 plazas que suponen el 45% de la oferta total de Galicia, no supone de momento un problema en la comunidad autónoma.

Frenar el "desmadre"

No obstante, el sector turístico urge al Gobierno central a tomar cuanto antes una decisión sobre los pisos turísticos en España. “Hay que contener el desmadre que ha habido”, alertó ayer Gabriel Escarrer, presidente de la patronal turística Exceltur y CEO de la hotelera Meliá Hotels International, que además considera que las ecotasas anunciadas por algunas comunidades “no ayudan en absoluto” porque “restan competitividad y no disuaden al turista para volver”.

Durante la presentación de un índice sobre competitividad turística de las comunidades autónomas, Escarrer reclamó al Gobierno central reflexionar de “manera seria” sobre el modelo turístico para el país y legislar a nivel nacional y urge a adoptar medidas inmediatas. “El modelo actual de los pisos turísticos no es el modelo que queremos en España”, resaltó.

En este índice, Galicia parece en undécima posición. En el año 2023 la primera posición la ocupa Madrid seguida de Canarias, País Vasco, Baleares y Andalucía. Las siguientes comunidades en completar la lista son: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, Cantabria y Galicia. Cierran la lista Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Navarra y Extremadura.

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