El PP gallego saca en solitario una iniciativa contra el registro de gallineros

Tanto el PSdeG como el BNG calificaron de "ilógica" la postura popular por la necesidad de que las explotaciones cuenten con un sistema de control por razones de bioseguridad y bienestar animal

La oposición calificó la medida de "ilógica".

La oposición calificó la medida de "ilógica".

E. P.

El PP ha sacado en solitario una iniciativa que se posiciona en contra del registro de gallineros de autoconsumo, una postura que tanto BNG como el PSdeG han calificado de "ilógica" por la necesidad de que este tipo de pequeñas explotaciones avícolas cuenten con un sistema de control por razones de bioseguridad y bienestar animal.

Así, los populares han hecho valer su mayoría absoluta en la Cámara autonómica para aprobar la proposición debatida en la tarde de este jueves en la Comisión de Agricultura. Nacionalistas y socialistas optaron por la abstención.

En concreto, la iniciativa de impulso posiciona al Parlamento gallego en contra del registro obligatorio de las granjas avícolas de autoconsumo salvo que así lo establezca la "autoridad competente" por criterios de riesgo sanitario u ordenación sectorial de la comunidad autónoma.

El encargado de defender el texto ha sido el diputado popular Miguel Ángel Viso, que ha asegurado que el registro obligatorio ha generado "problemas" para la gente en las poblaciones rurales que han tenido que hacer frente a una "carga burocrática" para sus explotaciones de autoconsumo que el PP no considera justificada.

En esta línea, ha asegurado que "mucha gente mayor" ha tenido "miedo" de la posibilidad de que tuviese "alguna repercusión" económica en sus "pensiones o nóminas" por no cumplir con esta exigencia que ven una "traba" a vivir en el rural.

"Cada vez se hace un traje más apretado al rural que hace que cada vez sea más difícil de vivir allí", ha asegurado el parlamentario popular, que ha negado que la iniciativa traída al Parlamento este miércoles pretendiese "hacer ruido".

Y es que así lo han defendido las diputadas Ariadna Fernández (BNG) y Lara Méndez (PSdeG), que han considerado que el objetivo de los populares con este texto es buscar una nueva "confrontación" con el Gobierno del Estado.

La parlamentaria nacionalista ha manifestado "no entender cuál es la finalidad" que el PP defiende "desde una posición lógica" al oponerse a que exista un registro de explotaciones de autoconsumo cuando se persigue mejorar el control biosanitario y de bienestar animal.

En este sentido, ha asegurado que si se produjo "colapso" a nivel burocrático fue porque las oficinas agrarias de la Xunta están "desbordadas" y "en ninguna" se contrató personal extra ante el incremento del trabajo por el registro de los gallineros.

También ha puesto el acento en esta cuestión la diputada socialista Lara Méndez, que ha advertido que estas oficinas de la Administración autonómica están "desmanteladas" por falta de medios.

Así, ha culpado a la Xunta de haber generado una "alarma" con "el único objetivo" de crear "un nuevo episodio de confrontación" con el Gobierno.

Votación

Durante la votación de las iniciativas a debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes de este miércoles, la presidenta de la misma, la diputada del PP Encarna Amigo, ha tenido que interrumpir el proceso de lectura de la primera proposición (precisamente la aprobada con los votos del PP) para permitir que dos diputados populares que se encontraban en el exterior de la sala regresasen a sus asientos y pudiesen participar en la misma.

El gesto de Encarna Amigo fue reprendido por los diputados de la oposición, que recordaban a la presidencia de la comisión que las votaciones no pueden ser interrumpidas y que las puertas de las salas deben quedar cerradas una vez se inicia el proceso, como así está establecido en el reglamento de la Cámara.

"Creo que aquí hemos sido flexibles con todos", ha esgrimido Amigo ante las críticas de la oposición desde sus asientos. El grupo socialista ha avanzado a Europa Press que presentará una reclamación ante la Mesa del Parlamento para que emita un informe jurídico sobre lo ocurrido al considerar que constituye una vulneración de las normas parlamentarias.