Montero negociará una financiación global, pero garantiza un trato “especial” a Cataluña

El Gobierno negociará de forma global con todas las comunidades una nueva financiación autonómica, cuyo modelo caducó en 2014 bajo el mandato del Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy, pero establecerá un “tratamiento especial” para adecuarse a las singularidades de algunos territorios y blindará la respuesta a las “cuestiones singulares” de Cataluña.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deslizó este jueves algunos de los principios que guiarán la siempre postergada reforma de la financiación autonómica, prometida ya por su equipo la pasada legislatura. El ambiente de confrontación a nivel estatal entre el Gobierno y el PP, que gobierna la mayor parte de comunidades, y la disputa del PSC y Junts por la Presidencia de la Generalitat dificultan alcanzar ese acuerdo.

La Xunta cifra en 300 millones el perjuicio a Galicia por el retraso en la financiación estatal

“Nuestro compromiso es el impulso de un nuevo modelo de financiación para todas las comunidades porque la dificultad para financiar los servicios públicos es un elemento que nos tiene que preocupar a todos. Hay que garantizar la igualdad en el acceso a la sanidad, a la dependencia, a la educación, tenga la renta que tenga la persona, viva donde viva. Y estos son elementos constitucionales que forman parte de nuestro pacto social”, expuso Montero durante una entrevista concedida a RNE cuando se le preguntó si aceptaría una financiación singular para Cataluña.

Rechazó de manera implícita permitir allí un cupo como el vasco o el navarro, pero abrió la puerta a un trato diferenciado. “Por supuesto, aquellas cuestiones singulares que tienen algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, tienen que tener un tratamiento especial”, añadió. “Siempre hemos dicho que hay que impulsar una reforma global del modelo de financiación autonómica y hay que atender las singularidades que se pueden presentar en determinados territorios por razones históricas, características de su propia orografía, cuestiones que tienen que ver mucho más con la especificidad de una comunidad que elementos que vayan en relación [...] con los impuestos compartidos o cuáles son las competencias que se le pueden dar a las comunidades para que ganen más autonomía fiscal”, concluyó después.

Frente común para evitar un sistema a la medida de Cataluña

Esta cuestión supone la piedra angular de los recursos de los que disponen las comunidades para cubrir sus gastos. Galicia y otras siete comunidades –Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias– plantearon en 2021 un frente para evitar que se modelase un sistema a medida de Cataluña y que se tuviese en cuenta el coste de la prestación de servicios. Por ejemplo: resultan más caras la sanidad y la educación en Galicia por el envejecimiento y la dispersión poblacional.

La última propuesta presentada por Hacienda apostaba por un método general que tenía en cuenta la “población ajustada”, pero la fórmula para calcularla fue rechazada por la Xunta al entender que no se atendía el verdadero peso de la dispersión y el envejecimiento para determinar el coste real de los servicios públicos. Considera, por tanto, que su “singularidad”, parafraseando a Montero, no se tiene en cuenta.

La ministra, que descartó vincular la negociación política en Cataluña de la financiación autonómica, arremetió contra el PP, al que afeó poner palos en las ruedas para lograr un acuerdo. “El PP no tiene discurso, no tiene una propuesta, no tiene una posición común en todos los territorios; al revés, en cada sitio tiene una distinta y ojalá podamos llegar a un acuerdo en esta materia y, por tanto, también Cataluña tendrá que ver satisfechas sus necesidades de las cuestiones singulares que tiene esta comunidad”, expuso antes de evitar poner fecha a la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña, una decisión que obligó al Gobierno a abrir la puerta a aplicar ese criterio con otras comunidades, algo aún no concretado.

Las palabras de Montero soliviantaron a varias autonomías gobernadas por el PP, como Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León o Murcia, pero también en manos del PSOE, como Castilla- La Mancha. El vicepresidente segundo de esta, José Manuel Caballero, sostuvo que la financiación autonómica “no puede ser singular para un territorio”, sino que debe aplicarse “con criterios de equidad y justicia” para todas.

El portavoz de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ilustró el sentir de las comunidades del PP: “La amnistía es el precio político y la financiación a Cataluña, el económico para que Sánchez siga en Moncloa”.

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