La Xunta comprará suelo por 43 millones en las urbes y Vilagarcía para pisos protegidos

Durante la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas, celebradas en febrero, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prometió impulsar la construcción de 20.000 viviendas protegidas, un compromiso que reafirmó en abril durante el debate de investidura. Su Gobierno realizó este lunes el primer movimiento para intentar cumplir ese objetivo, a pesar de que tan solo el 6% de los pisos construidos durante la última década en la comunidad fueron de carácter protegido, es decir, con un precio limitado.

El primer paso para poner en marcha ese proyecto pasa por inyectar 43,2 millones de euros en un plan para adquirir suelo urbanizable en las siete ciudades gallegas y Vilagarcía de Arousa y su área, puntos donde se concentra el 90% de las solicitudes de los más de 17.300 inscritos en el registro gallego de demandantes de vivienda (de ellos, 5.750 corresponden a ciudadanos de Vigo), según alegó hoy la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, tras la reunión semanal del Ejecutivo que dio luz verde a ese gasto.

La medida pretende facilitar el acceso de la población a un hogar en un momento de encarecimiento de los alquileres y las hipotecas, a pesar de la primera bajada en ochos años de los tipos de interés anunciada por el BCE, por lo que se buscará blindar el acceso a menores de 35 años a una parte de esos pisos.

La estrategia gallega de suelo residencial contempla también la opción de que se construyan otras 5.000 viviendas de carácter privado, por lo que estas no contarán con precio tasado ni se ofertarán solo a quienes cumplan unos determinados niveles de renta familiar, como en el caso de las 20.000 viviendas de promoción pública, tanto construidas por el propio Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) como por promotores privados y cooperativistas.

3,3 millones de metros cuadrados de suelo

El plan de la Xunta pasa por destinar 43,2 millones de euros para comprar 3,3 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable en las siete ciudades y la citada área alrededor de Vilagarcía.

El reparto de esas 25.000 viviendas en total sería el siguiente. Vigo lidera la lista con 9.200 (7.360 protegidas y 1.840 libres); en A Coruña serían 5.400 (4.320 protegidas y 1.080 libres; en Pontevedra, 2.200 (1.760 protegidas y 440 libres); en Lugo, 2.000 (1.600 protegidas y 400 libres), como en Ourense; en Santiago, 2.500 (2.000 protegidas y 500 libres); en Ferrol, 1.200 (960 protegidas y 240 libres; y en Vilagarcía, 500 (400 protegidas y 100 libres).

De esos 25.000 pisos ya están en marcha 3.452, según el Ejecutivo, en alusión a 1.600 previstas en Vigo, 500 en A Coruña, 370 en Lugo y 982 en Ferrol. Restarían, por tanto, 21.548. La conselleira de Vivenda estimó que podrían empezar a ser habitados estos nuevos inmuebles a partir del año 2028.

Además, Rueda recordó que esta medida se enmarca dentro del plan de la administración para duplicar esta legislatura el parque de vivienda pública, pasando de las 4.000 actuales a 8.000, con el impulso a 400 nuevas en las primeros cien días de legislatura, que aún no se han cumplido.

El presidente de la Xunta reconoció la necesidad de implicación del sector privado y de los ayuntamientos afectados para que este plan resulte exitoso. “Esto lógicamente va a demandar la colaboración de otras administraciones, de los constructores privados y de las cooperativas que se constituyan”, indicó tras el Consello.

Los concellos, además, podrán aportar fondos propios para hacerse con terrenos e impulsar viviendas protegidas bajo su competencia.

La estrategia parte de una primera fase en la que se determinarán las zonas donde se puedan ubicar estas nuevas construcciones y luego su declaración como proyectos de interés autonómico (PIA), lo que, según la conselleira de Vivenda, permitirá agilizar los trámites burocráticos.

Una vez superado este paso y la expropiación de suelo, este será sometido a concurso de adjudicación para que promotores y cooperativas se lancen a colocar los primeros ladrillos. Estos deberán finalizarse en tres años a partir de la adjudicación, prevista para 2025.

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