Las condenas alternativas a la cárcel sin ejecutar caen por debajo de las 2.000

Dos de los tres condenados por robar cable de cobre en tres túneles de la línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid a su paso por Laza en mayo de 2021 esquivaron la pena de 15 meses de prisión a cambio de una multa y de 100 días de trabajos en beneficio de la comunidad cada uno. Estas alternativas al ingreso en la cárcel se utilizan para delitos menos graves, pero el atasco burocrático de la justicia, agravado durante la pandemia de COVID-19, demoran en el tiempo su ejecución.

Esos retrasos se mitigaron el año pasado, pues el número de penas de trabajos alternativos a la cárcel pendiente de ejecutar se situó por primera vez desde 2019 por debajo de los dos millares en Galicia. El stock de trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) cayó hasta los 1.925, según los datos del Poder Judicial a través de los informes remitidos por Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, dependiente del Ministerio del Interior.

En 2019, esa cifra alcanzaba los 1.459, dato que creció a las 2.300 en un 2020 marcado por la irrupción del SARS-CoV-2 que obligó a imponer un confinamiento de tres meses en España y causó una pandemia global sanitaria, económica y social sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Ese stock de TBC quedó prácticamente bloqueado, pues en 2021 la cifra creció a 2.374 y en 2022 a 2.348.

Los TBC pueden realizarse en administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales u otro tipo de instituciones, con tareas como ayudar en el reparto de comida, desbrozar carreteras, limpiar la vía pública o incluso participar en talleres formativos. Galicia oferta alrededor de 2.300 plazas para cumplir estos trabajos, a los que añaden 730 mediante convenios privados, una cifra suficiente para dar salida a las condenas a estos trabajos cada año, según Instituciones Penitenciarias. El problema es dar salida a las penas pendientes y mejorar la gestión burocrática, pues las primeras superan las 1.233 impuestas a lo largo del año pasado.

Este tipo de condenas alternativas a la cárcel comenzaron a aplicarse en España hace justo dos décadas y cada vez son más recurrentes. La mayor parte de los casos se refieren a delitos de tráfico y violencia de género. De las 1.925 penas pendientes de ejecutar 786 corresponden al primer ámbito y 506 al segundo, por 257 de agresiones al patrimonio (como pintadas, por ejemplo) y 219 de lesiones. Las restantes 257 se dividen en múltiples categorías.

Los hombres copan el 87% de los TBC pendientes con 1.677 expedientes, frente a los 248 de las mujeres, ninguno de ellos vinculados con violencia contra sus parejas.

Por provincias, A Coruña encabeza la lista en Galicia con 946 seguida de Pontevedra con 535, Ourense con 297 y Lugo con 147. Por tipología, en A Coruña son 385 casos de seguridad vial, 277 de violencia de género, 108 contra el patrimonio y 115 por lesiones. En Pontevedra son 218, 145, 78 y 59, respectivamente; en Ourense, 134, 57, 38 y 25; y en Lugo, 49, 27, 33 y 20.

El stock de penas se redujo después de que en pandemia algunos jueces decidieran indultar a condenados a TBC que no pudieron concluir por el confinamiento, como reveló FARO, si bien la pandemia también impuso el uso de las nuevas tecnologías para participar en talleres formativos sobre seguridad vial o igualdad durante ese período.

A nivel estatal, las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad pendientes de realizar suman 31.313, y el desglose marca una diferencia significativa respecto a Galicia, según los datos del Poder Judicial a partir de los informes de Interior.

Los delitos relacionados con la violencia de género son mayoritarios, con 12.817 casos y el 40% del total, mientras que los vínculos a infracciones penales al volante alcanzan los 9.344 rozan el 30%.

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