El Gobierno rectifica y eleva en las ciudades a 120 el tope de plazas de las residencias

El Gobierno ha suavizado las exigencias iniciales que planteaba para reformar los centros de mayores. En un primer borrador planteaba fijar un tope de 90 plazas para todas las residencias tanto para las que ya están en funcionamiento como para las actuales, lo que supondría en la práctica que las que superasen esa cifra tendrían que suprimir camas. Sin embargo, en una nueva versión de ese documento se establece una horquilla de entre 60 y 120 plazas como máximo que se establecerá en función de la población de la zona donde se asienten.

En concreto, según recoge el borrador del Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia que se está negociando con las comunidades, en el rural las residencias no podrán superar las 60 plazas. En localidades o zonas de densidad intermedia el límite serán 90 puestos y en las ciudades o zonas densamente pobladas se elevará a 120 el tope.

En el caso de los centros destinados a personas con discapacidad se mantiene la limitación a un máximo de 50 plazas.

Entre las exigencias que propone Derechos Sociales, también se indica que las administraciones competentes, dispondrán de, al menos, el 65 por ciento de las plazas públicas en habitaciones de uso individual y el resto en habitaciones de uso doble.

Y se suaviza esta exigencia para los centros que ya estén en funcionamiento. Si en el borrador de febrero se les obligaba a habilitar como individuales un 35 por ciento de las habitaciones, ahora se establece que un 15 por ciento de las plazas públicas serán cuartos privados cuando el centro esté ubicado en zona rural o zona escasamente poblada, mientras que este porcentaje se elevará hasta el 25 por ciento cuando el centro esté ubicado en localidades o zonas de densidad intermedia y hasta el 30 por ciento cuando esté ubicado en ciudades o zonas densamente pobladas.

El texto definitivo del documento que marcará las directrices de las residencias de mayores se aprobará en un Consejo Territorial de Servicios Sociales que, según explica el Ministerio de Derechos Sociales, se celebrará “en próximas semanas”.

Desde la Xunta, a pesar de que se han suavizado las exigencias a los centros de mayores, siguen en desacuerdo con la propuesta. La Consellería de Política Social considera que se destruirán plazas de mayores y que, por lo tanto, se encarecerán los precios.

“No hay garantías de accesibilidad, ni de que no se vayan a destruir plazas o que los precios sean asequibles. Además cualquier propuesta debe venir acompañada de financiación”, explican desde la Xunta.

Precisamente, la ausencia de más concreción en la financiación y la ausencia en el documento de una memoria económica, es una de las cosas que más preocupa a la patronal de dependencia. Así lo expresó la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), Cinta Pascual, quien indicó que no están “satisfechos” con el hecho de que “no se trata a todos los mayores por igual” y se “distingue” su situación dependiendo del centro en el que se encuentren: público, concertado o privado.

El secretario general de la Asociación Estatal de Servicios Residenciales de la Tercera Edad, Jesús Cubero, considera que esta propuesta es “un verdadero despropósito” y que no incentiva la construcción de nuevos centros residenciales”.