El juzgado de instrucción número 6 de A Coruña ha imputado a siete personas en A Coruña el marco de la 'Operación Zeta', una supuesta trama en la que estarían implicados asociaciones de autónomos y otras entidades para hacerse con subvenciones de la Administración pública a cambio de impartir supuestos cursos que recibieron ayudas de 20 millones de euros.
La Policía Nacional informó este miércoles de que fueron detenidas el pasado septiembre un total de siete personas, si bien ya declararon en sede policial un total de 61, de las cuales 22 son residentes de fuera de Galicia.
De hecho, por este caso, ha declarado ante la Policía el que fuera director xeral de Traballo de la Consellería que dirige Beatriz Mato, Odilo Martiñá, quien presentó su dimisión aduciendo "razones personales" a finales de septiembre, un día antes de citarlo la Policía para declarar.
De la investigación se ha concluido que las entidades investigadas han sido receptoras de más de veinte millones de euros en subvenciones y adjudicaciones públicas, relacionadas, principalmente, con la formación de autónomos.
La investigación ha puesto de manifiesto el posible uso instrumental de entidades sin aparente ánimo de lucro por ellos dirigidas, para la obtención de subvenciones con el objeto final de generar un beneficio económico a sus presuntos responsables.
Los hacían mediante el desvío de una parte relevante del montante total de dinero público recibido a destinos privados, en fraude del fin por el que fue concedido.
Se ha descubierto que varias de las entidades asociativas subvencionadas, algunas de las cuales de discapacitados, eran presuntamente ficticias en su actividad, estructura y/o asociados.
Los investigadores también han llegado a la conclusión de que por parte de la consultora de formación implicada se ofrecían y, presuntamente, se entregaban porcentajes ilegales del dinero público recibido por clientes tras las adjudicaciones una vez que estos subcontrataban su ejecución con la citada consultora de formación.
Según explican fuentes del TSXG este miércoles, la jueza todavía no ha tomado ninguna decisión sobre el resto de las personas interrogadas. No se descarta que, como consecuencia del desarrollo del operativo y con posterioridad a su realización, se puedan producir nuevas detenciones o imputaciones.
Diligencias
Las diligencias se mantuvieron bajo secreto desde diciembre de 2011 hasta el pasado 10 de octubre, cuando la jueza emitió un auto por el que se llamaba a declarar a las siete personas que fueron detenidas, declaraciones que se celebrarán en el mes de febrero.
En estos momentos la causa consta de 25 tomos, lo que supone más de 12.000 folios. En la investigación se ha contado con la colaboración de la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria de Galicia y de la Intervención General del Estado.
La causa se sigue por supuestos delitos de fraude de subvenciones o estafa, y malversación de caudales públicos, además de otros delitos conexos como falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales. Entre las personas investigadas se encuentran responsables de organizaciones de autónomos y fundaciones.
Investigación
La investigación de la supuesta trama para hacerse con subvenciones de forma irregular se inició después de que en febrero de 2012 personal de la Consellería de Traballo e Benestar visitase las instalaciones de entidades sin ánimo de lucro seleccionadas para impartir talleres dentro del Plan Integral de Empleo con el fin de comprobar si las subvenciones se destinaban al fin concedido.
Entre las entidades analizadas, en dos de las firmas del conocido empresario coruñés Gerardo Crespo --Fundefo y AED-- se detectaron irregularidades como falta de programación de las actividades.
