La presidenta del Instituto Galego de Consumo (IGC), Nava Castro, aseguró ayer que "hasta el momento" la Xunta no tiene "ningún límite" para tramitar la vía del arbitraje para los afectados por las participaciones preferentes de Novagalicia Banco. Así lo apuntó tras un encuentro con representantes de las plataformas de toda Galicia, a quien les transmitió que Consumo tramita "todas" las solicitudes de laudos formuladas (más de 13.000 hasta la fecha). Bruselas, como adelantó ayer FARO, pondrá un tope en los actos de conciliación que supongan la devolución de dinero a los afectados. Eso sí, fuentes del Gobierno central no especificaron si ese límite hace referencia a un número de personas o a una cantidad de dinero a devolver por parte de Novagalicia.
La información revelada por este diario no bloquea la tramitación de laudos, pero sí implica que no todos los afectados podrán acudir a la vía de Consumo. Además, y como se trata de un acto voluntario entre ambas partes, Novagalicia hace una preselección de los casos en los que sí acepta someterse al criterio de los árbitros. "Esta solución no se puede aplicar a todos", ahondaron fuentes del Ministerio de Economía.
El grueso de los afectados, 43.000 personas en total, se someterá al mandato del decreto, que impone quitas en función del valor de mercado de cada emisión.
"Nosotros todas las solicitudes de arbitraje, de cualquier cosa, sea de una factura de la luz, sea de las preferentes, las tramitamos", declaró Castro al término de la reunión. Consumo ha elevado a 23 los árbitros dedicados al dictado de laudos, que cobran 20 euros por cada mediación.
Encuentro "tenso"
Las explicaciones de Nava Castro no fueron suficientes para paliar la "desinformación" que aseguran padecer los afectados. "Vinimos aquí a perder el tiempo, no se nos aclaró nada de lo que no supiéramos ya", condenó Xulio Vicente, de la plataforma de O Rosal. "Nosotros pedíamos un tipo de criterio, por ejemplo, un criterio de arbitraje que sigue Novagalicia y no fue capaz de decirnos nada", lamentó por su parte José Manuel Vázquez, de O Salnés.
Argimiro Martínez, también de O Rosal, asegura que preguntaron a Castro sobre la información publicada por FARO respecto a los límites que tendrá la vía arbitral. "No fue capaz de decirnos nada, pero ni sobre eso ni sobre nada".
Los ahorradores mostraron también su enfado hacia el hecho de que una "auditora privada" -por Pricewaterhouse- sea la encargada de escoger, en base a nueve criterios, qué clientes se seleccionan para los laudos arbitrales y cuáles no.
"A ver, tú tienes una solicitud de arbitraje, y lógicamente tendría que seguirse un criterio por orden de entrada de la solicitud", explicó el representante de O Salnés. "Pues no" -continuó- "aquí llaman al arbitraje según al banco le da la gana. Entonces me parece que sigue siendo una tomadura de pelo a la gente y una estafa". "Todo el mundo sabe que somos ahorradores, ahora vienen a decirnos que tenemos que encima ayudar a un banco que nos engañó. ¿Pero esto qué es?", arremetió Vázquez. Algunos de los presentes incidieron en que fue un encuentro "muy tenso por la falta de respuestas", y la propia Nava Castro reconoció el "nerviosismo" de los afectados. "Lo entendemos porque es lícito y es normal", sentenció.
Argimiro Martínez mostró a este diario su "indignación" ante el "rechazo" del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a mantener una reunión con las plataformas y con la participación del presidente de la entidad, José María Castellano. "El banco accedió, pero de Feijóo nos dijeron que tenía la agenda muy apretada".
Las plataformas proseguirán sus protestas durante todo el mes de septiembre con dos concentraciones por semana por toda la geografía gallega. El día 10 se manifestarán en Santiago.
Consumidores atacan la mala praxis bancaria en la comercialización de productos de riesgo
Las principales asociaciones de consumidores españolas criticaron ayer la falta de formación financiera, la desinformación que sufren los consumidores y usuarios de productos bancarios y la no exigencia de responsabilidades a los directivos de entidades financieras como los principales problemas del sector. Aprovechando su intervención ante la subcomisión de Transparencia Financiera del Congreso, los responsables de cinco de las principales asociaciones de consumidores tildaron las medidas propuestas por el Gobierno como solo "un parche". Todos los representantes que acudieron al Congreso (UCE, Asgeco, Adicae, OCU y CECU) arremetieron contra la mala praxis en la comercialización de productos de alto riesgo.
Enmienda de CiU
En la misma comisión, el portavoz económico de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, avanzó que su grupo presentará enmiendas al proyecto de ley derivado del decreto de Reestructuración Financiera aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, para que todos los inversores en participaciones preferentes de entidades intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) puedan recuperar su inversión nominal.
El PSOE, por su parte, reclamó que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) realice una auditoría de todos los contratos de venta de participaciones preferentes para determinar cuándo han sido objeto de estafa, así como la devolución íntegra del valor de dichos títulos, como ya adelantó ayer FARO.
