El Partido Popular ha decidido no dar tregua a la Xunta en la polémica de la adjudicación de la autovía del Barbanza, y ayer su líder, Alberto Núñez Feijóo, volvió a salir a la palestra para retar a la conselleira de Política Territorial, María José Caride, a que "venga al Parlamento y acredite su inocencia". Por su parte, la conselleira volvió a defender "la legalidad de la adjudicación y aseveró que se contrató la obra de desdoblamiento de la vía a la empresa con la oferta que "mejor responde a los intereses de Galicia", en este caso Sacyr. El PP denuncia que la Xunta modificó la adjudicación de la obra y así se encareció el proyecto en 30 millones de euros. Política Territorial sostiene que el sobrecoste es sólo de 46.000 euros.
Feijóo aseveró que si Caride no da la cara en la Cámara, "es que tiene mucho que ocultar". Dos días antes, el PP vinculó a la conselleira con la empresa que elaboró el informe que fue decisivo para la adjudicación de la autovía del Barbanza a Sacyr, y no a San José. Caride, ayer, volvió a negar cualquier "relación familiar, laboral o personal" con esa compañía y advirtió de que los servicios jurídicos de la Xunta ya están analizando "las difamaciones del PP" y si éstas fuesen constitutivas de delito, irá a la Justicia.
El presidente del PPdeG también invitó al presidente del Gobierno autonómico, Emilio Pérez Touriño, a que en el próximo pleno del Parlamento "deje sin argumentos a la oposición", pero agregó que si no lo hace y sus acusaciones se demuestran ciertas "tendrá que tomar una decisión muy difícil en la composición de su Gobierno", en alusión a posibles ceses.
En todo caso, para Feijóo, no sólo Caride es responsable. Para el líder de la oposición, "Touriño y la conselleira decidieron conjuntamente modificar el informe de los técnicos y adjudicar la obra a una empresa distinta a la que proponían los técnicos".
El portavoz del PPdeG aportó ayer otro dato. El precio que pagará la Xunta a la empresa concesionaria por cada vehículo que pase por la autovía durante 30 años será de 0,0326 euros, un 9,4% más cara que la propuesta de San José.