Pandemia
Un juez da la razón a Ayuso: la muerte de tres ancianas por coronavirus no se habría evitado en un hospital
La denuncia de los familiares contra la presidenta de la Comunidad de Madrid fue archivada
El magistrado ha cerrado ahora el caso contra la directora de la residencia de ancianos de Vallecas
Alberto Muñoz
La justicia vuelve a dar la razón a Isabel Díaz Ayuso y a dos de sus consejeros de Gobierno al reconocer, en una querella archivada contra ellos, que la derivación de tres ancianas a un hospital durante la pandemia no habría evitado su fallecimiento por coronavirus.
En el auto, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial que este diario, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid se apoya para ello en el informe de una perito forense que "establece claramente que, de haberse derivado a las pacientes a un hospital y haberse confirmado el Covid-19, no se hubieran evitado los fallecimientos". Por ello, no puede tomarse "como cierta la evitabilidad del resultado, imprescindible para poder apreciar un delito de homicidio imprudente".
Las tres mujeres, que forman parte de los 7.291 mayores que fallecieron en residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia, se encontraban internas en Domus VI Albufera, un centro de gestión público-privada ubicado en Vallecas.
Allí, y según sostuvieron sus familiares, "no fueron tratadas médicamente de la enfermedad por coronavirus que padecían ni tampoco fueron trasladadas a un centro médico para que fueran atendidas, lo que determinó sus fatales fallecimientos".
Falta de medios personales y materiales
Los parientes de las fallecidas, que vieron cómo se archivaba la querella contra Ayuso y sus consejeros de Justicia y Sanidad, consiguieron que se admitiese a trámite su denuncia contra la directora y la empresa que gestiona la residencia por tres homicidios por imprudencia.
Durante el proceso, aseguraron que "la falta de medios personales y materiales" "para asistir médicamente a los enfermos de coronavirus" fue la causa de que las tres mujeres fallecieran por la infección, ya que no fueron tratadas "ni en la residencia ni en ningún hospital al que debieron haberlas trasladado".
En ese sentido, y en línea con lo que han manifestado tanto este magistrado como otros antes que él, la presidenta de la Comunidad de Madrid ya dijo hace unos meses que "había muertos en todas partes" (residencias, hospitales, hogares...), y que, "cuando una persona mayor estaba gravemente enferma con el coronavirus, no se salvaba en ningún sitio".
Una tesis que, sin embargo, han rechazado insistentemente desde la oposición apuntando a que "no, no se iban a morir igual". No solo en referencia a que esos miles de personas no tuvieron acceso a la mejor atención disponible para intentar hacer frente a la enfermedad, sino a las condiciones en las que se encontraban cuando fallecieron.
Por su parte, el magistrado de este juzgado de Madrid apunta que, además de que el informe de la perito forense deja claro que el resultado habría sido el mismo, la directora de este centro vallecano tomó la decisión "ajustándose a la normativa administrativa" del momento, es decir, a los bautizados coloquialmente como "protocolos de la vergüenza".
Gobierno y Fiscalía, distintas estrategias
Con el archivo definitivo de este causa, son ya 23 los procedimientos cerrados por el fallecimiento de ancianos por coronavirus en residencias públicas de la Comunidad de Madrid al no acreditarse la comisión de delito alguno en relación a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales durante la primera ola de la pandemia.
A pesar de ello, el presidente del Gobierno, en línea con la estrategia que está siguiendo el PSOE en este asunto, aseguró que, "tarde o temprano, Ayuso se sentará delante de la Justicia y las familias verán que la Justicia funciona".
Recientemente, Pedro Sánchez reprochó a Alberto Núñez Feijóo el bloqueo del PP para constituir en la Asamblea “una comisión de investigación sobre los muertos en residencias en la Comunidad de Madrid”. Sin embargo, la posición de la Fiscalía en este tipo de casos está siendo, por el momento, de abogar por el sobreseimiento y el archivo de las causas, algo que también se ha producido en este caso concreto.
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