La irrupción de PSOE y Más Madrid 'dinamita' el pacto por el que el novio de Ayuso pretende evitar la cárcel

Una vez que la petición de diligencias de las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid ha logrado que la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, frene el eventual pacto por el que el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, trata de evitar entrar en prisión, la magistrada tiene ahora que decidir acerca de una eventual ampliación de la causa. Y esta decisión, según reconocen fuentes jurídicas del caso consultadas por esta redacción, tendrá efectos sobre el acuerdo al que habían llegado las partes implicadas en los hechos, que saltaría por los aires.

En concreto, González Amador había propuesto el pasado 2 de febrero cumplir 8 meses de cárcel y asumir un pago de 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental. Al no tener antecedentes penales, la pareja de Díaz Ayuso hubiera eludido su entrada en la cárcel. En ese acuerdo, el empresario admitía haber cometido los delitos por los que está siendo investigado por la jueza Iglesias.

En este acuerdo el resto de partes implicadas en los hechos, es decir, los empresarios acusados de hacer las facturas falsas, eludían los delitos más graves. Sin embargo, la imputación de todos los implicados en los delitos que la Fiscalía de Madrid atribuye al novio de Ayuso, -dos delitos fiscales y otro de falsedad en documento mercantil-, y los nuevos delitos incluidos en el procedimiento por las acusaciones populares, que son administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable, complican, por el momento, mantener el acuerdo previo de conformidad.

La jueza del caso había citado este lunes a González Amador y al resto de investigados, algunos de ellos residentes en Andalucía, después de que el pasado 20 de mayo se suspendieran las comparecencias por un problema en la notificación de la citación a uno de los imputados. Y este lunes, todas las comparecencias han sido nuevamente suspendidas, y por el momento no hay fecha para las nuevas declaraciones.

"Jugarreta zafia"

Fuentes del entorno de Alberto González ven el escrito como "una jugarreta zafia para alargar el acuerdo con la Fiscalía". "Quieren que se investigue administración desleal de sus empresas. Deslealtad consigo mismo porque no tiene socios. Jugarreta zafia que deja bien a las claras que estamos ante un asunto político contra Díaz Ayuso, no un problema con la Agencia Tributaria", señalan, según informa Europa Press.

Desde el entorno de la presidenta se señala a este diario que el acuerdo se encontraba prácticamente cerrado y sospechan de la "maniobra" de introducir delitos nuevos en este preciso momento. Concretamente, PSOE y Más Madrid solicitaron a la jueza Iglesias toda una batería de diligencias tras haber examinado todos los documentos del caso, a los que aseguraron haber tenido acceso íntegro el pasado 12 de junio.

Señalan que a raíz de dicho análisis consideran que la conducta de González, a la vista de la documental que conforma el expediente de la causa, va más allá de los dos delitos fiscales por no pagar el impuesto de sociedades de 2020 y 2012 y el delito de falsedad sobre el que hasta ahora pivotaba el pacto. 

Creen que debe aplicarse el tipo agravado a los dos primeros, por la concurrencia de una organización y el uso de "toda una ingeniería contable" mediante la utilización de personas jurídicas y físicas interpuestas. A ello suman dos delitos de administración y también los de corrupción en los negocios y delito contable. En cuanto a los responsables, creen que pueden ser más que los empresarios sevillanos y el de origen mexicano implicados hasta el momento. La imputación de más personas contribuiría igualmente a complicar un eventual pacto entre las partes.

Sobre el uso de sociedades pantalla, apuntan las acusaciones populares al uso de la empresa Masterman&Whitaker, que podría haberse utilizado junto con Maswell Cremona para la deducción irregular de gastos, incluso personales, desconociéndose el destino final de esos ingresos por servicios que se dicen prestar.

Una empresa marfileña y Quirón

Igualmente, consta en la documentación el empleo de empresas extranjeras para cometer los delitos fiscales, mediante la presentación de facturas falsas, "en particular, una empresa mexicana y otra empresa marfileña", aseguran las acusaciones. Todo ello, concurriendo indicios evidentes de un posible concierto entre los investigados para cometer los delitos, con distintas funciones, intereses y roles dentro de la organización, pero evidenciando una posible actuación coordinada, donde se conjugan además distintas relaciones comerciales y societarias entre todos ellos.

Por otra parte, Masterman&Whitaker fue vendida a la firma Maxwell Cremona --propiedad exclusiva de González Amador--, por casi 500.000 euros, para después sus participaciones ser vendidas, en un corto periodo, de nuevo, a la pareja de Ayuso por 3.300 euros. Creen las acusaciones que de esta venta pueden pudieran derivarse otras consecuencias penales, pues existen vínculos entre quien vende la sociedad Masterman&Whitaker, antes llamada Círculo de Belleza y responsables de Quirón Prevención, que es el principal cliente de las empresas investigadas.

Concurren además otros vínculos societarios, especialmente en el extranjero, entre responsables de Quirón Prevención y González Amador como la empresa Mape Asesores. Para las acusaciones existe una "confusión empresarial" hasta el punto de que en alguna de las actividades las empresas investigadas se presentan como parte la propia Quirón Prevención --adjudicataria de la Comunidad de Madrid--, incluso utilizando correos corporativos de aquella. Por esta razón, quieren que la jueza Iglesias investigue la relación de Quirón con los delitos fiscales reconocidos por el empresario.

Finalmente, los documentos analizados ponen en duda toda la contabilidad de las empresas investigadas, por lo que también se han solicitado diligencias sobre otras facturas que dan una apariencia de falsedad, además de las ya investigadas, de otros trabajos e incluso contratos de arrendamiento, en los que vuelven a estar relacionados los investigados a través de otras empresas distintas, existiendo vínculos entre todos ellos.

Apertura de diligencias

En el auto de apertura de diligencias la jueza razonaba que "como consecuencia de estas conductas defraudatorias", el contribuyente había dejado de ingresar a la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros. Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".

El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente. El documento aludía a dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".