El Supremo tumba el recurso del sector pesquero y avala los planes para la eólica marina en España

La primera versión de los nuevos Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) recogía “zonas de uso prioritario” para el desarrollo de la energía eólica offshore. Entre las ubicaciones con preferencia para parques flotantes por encima del resto de actividades estaban el polígono delimitado frente a la costa sur de la provincia de Pontevedra, el llamado NOR-1, y el NOR-5, frente al litoral de A Mariña de Lugo, tocando ya con Asturias. Fue una de las principales quejas en el larguísimo trámite de alegaciones. “El proceso se inició en 2017 y la vocación fue siempre contar con la máxima participación, tanto de las administraciones, como de los sectores organizados y el conjunto de la ciudadanía. Culminar un proceso de esas características en un momento de pandemia con restricciones que coartaban esa garantía de participación, resultó laborioso”, admitía Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, en una entrevista a FARO en la víspera de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de los POEM definitivos el 28 de febrero de 2023. Para entonces ya se sabía que la eólica no primaría sobre nada. Todas pasaron a ser “zonas de alto potencial” para intentar garantizar la coexistencia, especialmente con la pesca. No fue suficiente para calmar los ánimos del sector.

La Plataforma en Defensa de la Pesca y de los Ecosistemas Marinos llegó a acusar a Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, de “despreciarles” y recurrió el real decreto de los POEM. La entidad creada por una treintena de asociaciones vinculadas a la pesca de Galicia, Asturias y Canarias afeó la supuesta ausencia de la “mejor información científica disponible” sobre el impacto social y económico que puede suponer la implantación de la eólica marina sobre el sector pesquero y su repercusión en los ecosistemas marinos.

El Tribunal Supremo lo niega. La Sala de los Contencioso-administrativo desestimó el recurso y rechaza “los reproches de arbitrariedad y desviación de poder” contra el real decreto. Los demandantes mantenían que la energía eólica está “indebidamente favorecida en detrimento” de la pesca en los planes de las cinco demarcaciones españolas. 

El ganador del mayor contrato de eólica marina en EE UU entra en Galicia y Repsol prevé 4 parques

“No puede sostenerse que el planificador, en el ejercicio de su discrecionalidad, al seleccionar unas zonas en las que ubicar preferentemente las instalaciones de energía eólica marina, y evitar así su dispersión desordenada por todo el medio marino de soberanía española, haya olvidado la presencia de la actividad pesquera ni su interacción con la eólica”, afirman los magistrados. Todo lo contrario. La sentencia defiende que en la elaboración y aprobación de los POEM se tomó en consideración, como también insistía la propia Teresa Ribera, “una copiosa información atinente a la actividad pesquera”. “Obligan además, y lo hacen de forma recurrente, a tener en cuenta en todo momento la actividad pesquera desarrollada en las zonas seccionadas para la energía eólica –añade el fallo–, interacción o solape que deberá resolverse al tiempo de la autorización de los correspondientes proyectos, conforme a su legislación sectorial y ambiental”.

El alto tribunal recuerda que en el proceso de consulta pública de la evaluación ambiental estratégica de los POEM “se avanzó en el análisis de las interacciones entre los polígonos de energía eólica marina y la actividad pesquera”. Prueba de ello es el tijeretazo de la superficie de las zonas marcadas inicialmente –un 35% de recorte en Galicia y del 80% en el caso del emplazamiento NOR-1 frente al Baixo Miño–, “reduciendo así su potencial impacto sobre la pesca”, sin olvidar “la decisión de no incluir la energía eólica” en las zonas de uso prioritario.

“Las decisiones adoptadas en relación con la actividad pesquera y la eólica marina parten de un complejo proceso de consulta y negociación entre los distintos sectores afectados, con intereses contrapuestos, y han sido tomadas razonadamente, teniendo a la vista las necesidades de todos y cada uno de los sectores afectados, sobre la base de una copiosa información técnica y científica, accesible al público, proporcionada, entre otros, por el Instituto Español de Oceanografía, el CEPYC-CEDEX y por las propias administraciones públicas territoriales y sectoriales concernidas”, incide el avance de la sentencia conocido ayer. Información, además, “que no ha sido en ningún momento fundadamente rebatida por la actora con la correspondiente pericial técnica”. “Limitándose concluye el Supremo– a expresar su mera discrepancia subjetiva”.

Con el principal recurso contra los POEM tumbado, la eólica marina despeja el camino para su inminente estreno en España. En febrero salió a consulta pública la esperada regulación para las subastas de los espacios seleccionados y las adjudicaciones. Los criterios sociales suman hasta el 30% de los puntos, las concesiones durarán un máximo de 30 años y Transición Ecológica incorpora una fase de diálogo público-privado previa para impulsar los proyectos y mitigar el posible rechazo de las comunidades afectadas. El objetivo del Gobierno aspira a poner en marcha entre 1.000 y 3.000 megavatios en offshore hasta 2030 y la Xunta confía en que 800 se implanten aquí. Solo en Galicia hay propuestas presentadas para desarrollar unos 9.000 MW

Suscríbete para seguir leyendo