Los trabajadores gallegos que ganan más de 30.000 euros al año se disparan un 12%

En el mes y medio de confinamiento estricto e hibernación de la economía para aplacar los contagios desbocados de coronavirus durante la primera ola de la pandemia, Galicia perdió casi 38.000 empleos. Ni en el arranque del estallido de la burbuja inmobiliaria se llegó a semejante sangría. La enorme incertidumbre y el habitual comportamiento procíclico del mercado laboral hacían temer lo peor, pero la exoneración de las cotizaciones sociales a las empresas, el pago de las prestaciones de los ERTE y el apoyo a cargo del erario público también a los autónomos por cese de actividad protegieron al tejido productivo de un desastre mayor, a la espera de recuperar todo su músculo cuando el COVID-19 lo permitiese. Y así fue. La batería de ayudas rompió el círculo vicioso de anteriores shocks y la ocupación, que mermó un 1,7% en ese terrible 2020, se contrajo mucho menos que el Producto Interior Bruto (PIB), el 8,9%. Las afiliaciones a la Seguridad Social volvieron a los niveles prepandemia ya en 2021 y desde entonces se crearon cerca de 60.000 nuevos puestos. Es un cambio cuantitativo y cualitativo, impulsado por sectores de valor añadido. Los cuatro líderes de la expansión en Galicia son la educación, con 11.000 ocupados más que en 2019; la sanidad, que sumó 8.700; la informática, con un incremento de 4.700; y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería, que tiene 3.800 efectivos a mayores.

Por el auge de esas actividades con mejores sueldos, la revisión de las remuneraciones en convenio para mitigar el impacto de la inflación y la subida del SMI, la base de cotización en la comunidad ronda ya los 2.000 euros de media, como adelantó FARO. La evidente mejora de la ocupación y de las condiciones laborales se traslada también a las declaraciones del IRPF. Más de 1,3 millones de gallegos notificaron rendimientos por trabajo a la Agencia Tributaria en la campaña de 2023 (con los ingresos de 2022). Una cifra nunca vista. Son 31.800 más que el ejercicio anterior, según el balance publicado ayer por el organismo.

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Las retribuciones dinerarias superaron los 31.000 millones de euros tras un alza del 8,4%. Cada contribuyente declaró de media 23.787 euros por rendimientos del trabajo en el ejercicio, un 5,8% por encima de 2021 (22.486 euros). Los hombres rondaron los 26.000 euros, mientras que las mujeres se quedaron en 21.500. El total de trabajadores que presentaron el IRPF en el país aumento el 3% (609.400), hasta los 20.973.282; y la masa salarial alcanzó los 542.100 millones de euros, lo que supone un avance del 8,5%.

El 4,4% de los trabajadores de la comunidad (57.600) estaban en el tramo de rendimientos 0 o negativo. Otros 4,8%, unos 63.400, se situaban como mucho en los 1.500 euros; y el 14,3% (187.200) notificaron entre 1.500 y 6.000 euros. En estas franjas se concentra la única caída en el número de contribuyentes. Son 41.800 menos que el año precedente. Los que cobraron entre 6.000 y 12.000 euros subieron en 6.500, hasta los 147.400 (el 11% del total); la horquilla de 12.000 a 21.000 euros creció en 16.800 personas, hasta las 314.100. Es la franja mayoritaria con casi uno de cada cuatro ocupados en la comunidad. Similar ascenso se da entre los 21.000 y los 30.000 euros: son 231.600 después de añadir a 17.900 en 2022.

De 30.000 euros en adelante por ingresos en el trabajo se registra un alza de contribuyentes del 12% en solo un año. El grupo que más crece, de hecho, es que va de los 30.000 a los 60.000 euros, con 25.700 más trabajadores y un total de 258.400. Hay 41.300 que ganaron entre 60.000 y 150.000 euros (5.787 más); y 4.208 que llegan a los 601.000 (721 más). Los residentes que saltan ese umbral y declararon remuneraciones superiores a los 601.000 crecen con fuerza: 177 más, una subida del 57%, hasta los 487.

Los gallegos percibieron casi 300 millones de euros en otro tipo de rentas de trabajo que no es la nómina pura y dura. El importe íntegro de 172.400 trabajadores en las llamadas retribuciones en especie –desde la posibilidad de residir en una vivienda de la empresa a un cheque de natalidad, pasando por las ayudas para comida, entre otras– rozó los 282 millones de euros. Las contribuciones empresariales a planes de pensiones rondaron los 38,7 millones de euros con 27.143 beneficiarios.

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