El TSXG pide al tribunal de la UE un veredicto “acelerado” sobre la tramitación de la eólica

El recurso de la organización ambientalista Petón do Lobo contra las autorizaciones administrativas previa y de construcción de la Xunta al proyecto A Raña III de 12 megavatios (MW) impulsado por Eurus Desarrollos renovables en el concello de Mazaricos abre la puerta a que la justicia europea entre en la maraña que bloquea al sector eólico en Galicia. Casi cuatro meses después de anunciarlo y tras dos intentos fallidos por no dar audiencia a la administración autonómica y el resto de personados y otorgar después un plazo de alegaciones inferior al que marca la ley, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) usa este caso para presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para revisar el momento de entrega de los diagnósticos de impacto que se encargan a los organismos implicados en la evaluación ambiental, desde los gestores del agua, a patrimonio, pasando por carreteras o montes.

El momento del proceso

Aquí y en el resto del país, tanto en un parque eólico como en cualquier infraestructura industrial, los llamados informes sectoriales se recaban mientras el proyecto está en fase de exposición pública. Y así debe seguir siendo, según dictaminó el Supremo en las dos sentencias de casación que devolvieron a EDP el permiso para repotenciar el parque Corme. El TSXG lo había anulado argumentando que los informes sectoriales hay que divulgarlos antes para facilitar una participación real de los interesados en el proceso. Tras los fallos del alto tribunal español, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG reconoció que tenía que cambiar de criterios en la revisión de las demandas de las organizaciones opositoras a la expansión de la eólica en la comunidad. Cambió los supuestos errores en la tramitación por el posible impacto ambiental, aunque horas después anunció que acudiría al TJUE en busca de amparo a sus decisiones anteriores.

Lo hace con una solicitud de procedimiento acelerado para que el veredicto del TJUE no se dilate con los tiempos habituales, unos dos años. Los magistrados gallegos admiten “una situación de profunda incertidumbre” ahora mismo por “el elevado número” de recursos. Desvelan que se acumulan 202 litigios que afectan a 82 proyectos. Alrededor de la mitad están metidos en el cajón porque el TSXG decidió suspenderlos de forma cautelar por la hipotética afección al entorno a la espera de entrar en el fondo. Todos se tramitaron de la misma forma, como recuerda la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo, “siguiendo lo dispuestos en preceptos de la ley estatal y autonómica, las cuales para el TSXG podrían no haber transpuesto de forma adecuada” la directiva comunitaria de evaluación de proyectos.

"Principales informes"

Señala concretamente el artículo que insta a los Estados miembros a “garantizar que, dentro de unos plazos razonables, se pongan a disposición del público” la información detallada del proyecto “y los principales informes y dictámenes remitidos a la autoridad o las autoridades competentes”. Para justificar la urgencia del posicionamiento del TJUE, el tribunal gallego remarca que se trata de un debate sobre el medio ambiente y tira de la recomendación reciente de la Comisión Europea –del pasado 14 de mayo– para “la aceleración de los procedimientos de concesión de autorizaciones para proyectos de energía renovable y de infraestructuras conexas”. El TSXG pregunta al tribunal europeo directamente si debe haber “un trámite de audiencia” a los interesados en alegar “después de la emisión de los informes sectoriales”.

El TSXG confirma que solo Petón do Lobo apoya la cuestión prejudicial. Ni Xunta, ni Eurus, ni la patronal eólica gallega consideran que exista motivo de nulidad. La Sala de lo Contencioso-administrativo remarca que sí hay dudas. Considera que el contenido de los informes sectoriales “aporta información esencial y relevante a cualquier procedimiento que pueda tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente” y que se pueden encuadrar en esos “principales informes y dictámenes” de los que habla la Comisión Europea en su directiva.

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