REVOLUCIÓN DIGITAL

Ribera y Escrivá se unen para obligar a los gigantes tecnológicos a ahorrar más luz y agua

El Gobierno prepara un real decreto para hacer más sostenibles los grandes centros de datos y para repartirlos por toda España para evitar colapsos en la red eléctrica

Archivo - Un centro de datos de Gigas

Archivo - Un centro de datos de Gigas / GIGAS - Archivo

David Page

David Page

La revolución digital tiene en los centros de datos una de sus infraestructuras clave. Grandes búnkeres con miles de servidores informáticos para conectar los servicios digitales de las compañías con sus clientes que son las auténticas fábricas de la era digital. Y la transformación tecnológica requiere un despliegue cada vez mayor de capacidad de procesamiento de datos por la gestión de los datos en la nube, por el big data o por la inteligencia artificial. La expansión de nuevos data centers se topa con un problema de sostenibilidad, porque son instalaciones que consumen mucha electricidad y mucha agua.

El Gobierno prepara una nueva regulación para garantizar que los centros de datos sean más sostenibles, en un momento en que el despliegue de nuevas instalaciones de procesamiento sigue creciendo en España. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio para la Transformación Digital, comandados por la vicepresidenta Teresa Ribera y José Luis Escrivá, respectivamente, trabajan en la elaboración de un real decreto para regular nuevos requisitos de eficiencia energética y para ordenar dónde podrán las tecnológicas ubicar sus grandes centros de datos para evitar una concentración excesiva en determinadas regiones.

Los planes de ambos ministerios pasan por tener listo el nuevo real decreto para imponer nuevos estándares de sostenibilidad a los data centers a finales de este año para reducir su consumo de luz y de agua, en el marco de la nueva estrategia nacional de inteligencia artificial aprobada por el Consejo de Ministros este martes, que contempla la movilización de inversiones por unos 1.500 millones de euros este año y el próximo, la mayor parte procedentes de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El Gobierno aspira a posicionar a España como un hub de conectividad clave en el sur de Europa, pero quiere hacerlo garantizando la sostenibilidad de unas instalaciones que se caracterizan por su altísimo consumo de electricidad (para el funcionamiento de los servidores informáticos y para la refrigeración de los equipos) y también de agua. En línea con el marco regulatorio impulsado por la Unión Europea en este ámbito, el Ejecutivo quiere que los centros de datos garanticen estándares de sostenibilidad exigentes y unos mínimos de eficiencia energética.

La nueva normativa en ciernes también se utilizará para regular dónde pueden gigantes tecnológicos como Google, Meta (Facebook), Amazon o Microsoft y para fijar condiciones para la distribución territorial de los nuevos centros de datos, estableciendo limitaciones y criterios técnicos en función de la capacidad para absorber consumos adicionales de electricidad o de agua en determinadas regiones y para evitar la saturación de las infraestructuras energéticas en algunas ubicaciones (actualmente el mayor número de centros de datos del mercado español se concentran en Madrid y en Barcelona).

Transición Ecológica y Transformación Digital trabajan conjuntamente para establecer una estimación del consumo agregado de electricidad y de agua que exigirá la nueva demanda de centros de datos para atender la cada vez mayor migración de información de la nube digital, los nuevos requerimientos de computación derivados de la inteligencia artificial y el big data, o incluso para atender servicio de nube de países vecinos, de compañías localizadas también fuera de España. Y en función de estos cálculos diseñar una metodología de reparto territorial de las instalaciones, tanto vinculándola a la capacidad de acceso a la red de electricidad como a la disponibilidad de agua o riesgo permanente de sequía.

Poder enchufarse a la red eléctrica

El Gobierno acaba de aprobar una ampliación urgente de las redes eléctricas del país para evitar la saturación en zonas en que se van a instalar grandes proyectos industriales, especialmente las gigafactorías de baterías de coches eléctricos o megaproyectos renovables y de hidrógeno verde. La revisión del plan de redes eléctricas activada contempla 73 nuevas actuaciones por toda España que ejecutará Red Eléctrica (REE) y que elevarán el coste total de la planificación hasta los 7.453 millones de euros hasta 2026 (con 489 millones extra a lo anteriormente previsto).

Desde el sector de los centros de datos se ha criticado en los últimos meses que en la modificación del plan de redes de transporte de electricidad el Gobierno no haya incluido sus propuestas para allanar la conexión de sus búnkeres de procesamiento.

La actualización de la Planificación Eléctrica 2021-2026 es sólo un primer paso. Transición Ecológica ha puesto en marcha el proceso para aprobar también una planificación totalmente nueva para el periodo 2025-2030 (hasta ahora se preveía que la planificación de red iba a ser para el periodo 2024-2029) para modernizar la red de transporte. Y según apuntan desde el Gobierno es en esta nueva planificación totalmente nueva en la que se integrarán ampliaciones para atender la demanda de nuevos centros de datos.