El campo gallego se suma a una protesta en todo el norte por la burocracia y los costes

A la tractorada en un polígono industrial a las afueras de la capital de Lugo el pasado martes se sumaron unos 30 vehículos y algunos profesionales del campo más. La propia asociación Agromuralla, convocante de la concentración, admitió que la afluencia fue “menos de la esperada” y defendió la convocatoria solo como un punto de arranque. Pero hasta ahora no se han vuelto a repetir las protestas.

Las quedadas delante de la subdelegación del Gobierno en Ourense sí se prolongaron varios días, hasta el pasado jueves, con la intención de volver después del Carnaval y la creación incluso de una plataforma agroganadera para la provincia. Y ayer una veintena de tractoristas intentaron acceder a Santiago, aunque la Guardia Civil los inmovilizó en Oroso. Más allá de esos tres escenarios, la revuelta del campo contra la Política Agraria Común (PAC) y otras medidas europeas que, según el sector, conllevan grandes sobrecostes y competencia desleal de terceros países, pasó hasta ahora de puntillas por una comunidad en la que el sector supone el 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB) y casi la mitad de toda la cadena agroalimentaria. Parte de la explicación está en que las organizaciones del campo, como sucede también en el resto del país, todavía no se sumaron a la batalla para evitar interferencias en el calendario de las elecciones autonómicas.

La situación cambiará a partir del próximo día 20. Unións Agrarias, Sindicato Labrego Galego y la Asociación Agraria de Galicia llegaron a un acuerdo ayer con sus homólogas de Asturias y Cantabria para “la organización de movilizaciones coordinadas que se espera que se extiendan desde la frontera con Portugal a la de Francia”. Las organizaciones vascas no pudieron participar ayer en la reunión, aunque se da por hecho su participación también en “las acciones conjuntas en defensa del sector agroganadero”. “Ante la existencia de problemáticas comunes en toda la cornisa cantábrica –justifican–, los convocantes entienden que es necesario y factible que agricultores y ganaderos de toda esta franja vayan de la mano en la defensa de sus intereses”.

El martes que viene celebrarán otro encuentro para concretar las reivindicaciones a partir del documento consensuado ya por las tres organizaciones gallegas. Dicen que hay “motivos más que de sobra para salir a la calle”. Entre ellos, la “excesiva burocracia” y el incremento de costes derivado de nuevas normativas europeas, además de impedir que los acuerdos comerciales con países extracomunitarios “no pongan en riesgo la soberanía alimentaria ni supongan una competencia desleal para los productores locales”.

Unións Agrarias, Sindicato Labrego Galego y la Asociación Agraria de Galicia lamentan que, a pesar de que la ley de la cadena alimentaria es “clara”, la ausencia de contratos claros, el pago por debajo de costes de la producción y “la imposición” de precios “eludiendo” la negociación colectiva “siguen siendo prácticas habituales”. De ahí su reclamación también de “soluciones contundentes” a través de “un incremento del celo de las administraciones y un refuerzo de los medios y las actuaciones de control”.

20 detenidos y 7.900 propuestas de sanción

Desde el pasado martes y hasta el mediodía de ayer, las fuerzas de seguridad detuvieron a 20 personas en el marco de las protestas que están protagonizando los agricultores en distintos puntos del país e identificaron para propuesta de sanción administrativa a 7.925, según los últimos datos recopilados por el Ministerio del Interior tras la reunión del comité de seguimiento de la situación.

Por cuarto día consecutivo, los agricultores continyaron con sus protestas en múltiples zonas del país, cortando carreteras con tractores, barricadas y piquetes. La Plataforma 6F, que alienta las reivindicaciones, prevé que cientos de agricultores lleguen este sábado a Madrid, ante lo cual la Delegación del Gobierno ha preparado un fuerte dispositivo policial. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, censuró las agresiones a los agentes y los intentos de “manipular o utilizar de forma violenta” a los agricultores y ganaderos, algo que “no se merecen”.

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