Las eólicas se plantean pedir daños por la paralización judicial de parques en Galicia

La repotenciación del parque eólico Corme del grupo EDP en el concello de Ponteceso abrió la caja de Pandora del sector. Fue la semilla de la judicialización de los proyectos en la comunidad y puso contra las cuerdas la tramitación de cualquier iniciativa industrial en toda España, en pleno bum de inversiones por el acelerón de la transición ecológica y el maná de los fondos europeos. Aquí y en el resto del país, los informes sectoriales de los organismos consultados para analizar el impacto de una instalación –desde los responsables de patrimonio, a la gestión del agua, pasando por infraestructuras o urbanismo– se piden en paralelo a la exposición pública del proyecto. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cambió las reglas. Amparándose en la interpretación de la normativa europea, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo concluyó que esos documentos hay que tenerlos antes para garantizar “la participación real y efectiva del público en una fase temprana del procedimiento de toma de decisiones con incidencia medioambiental”. Así anuló la autorización de la Xunta al cambio de los 61 aerogeneradores que había por otros 7 más modernos, reprochando también la reducción de 30 a 15 días del plazo para recibir alegaciones.

Ninguno de los dos argumentos son válidos para el Tribunal Supremo, que en diciembre respaldó la resolución de la Dirección Xeral de Enerxía e Minas del 16 de septiembre de 2019 con la autorización previa y de construcción y la pasada semana dio su aval a la aprobación definitiva del proyecto por parte del Consello de la Xunta el 7 de noviembre de 2019. Repite exactamente las mismas razones. No se puede invalidar el trámite de información pública por el supuesto incumplimiento de un requisito formal que ninguna ley recoge, ni se probó que el plazo acortado a 15 días “sea o haya sido insuficiente”.

Los nuevos parques eólicos de Galicia tendrán tres años más, hasta 2028, para su construcción

Los dos fallos del Supremo son un balón de oxígeno a la tramitación autonómica y a los planes de expansión de la energía del viento en Galicia –hay más de 7.000 megavatios (MW) en cartera con permiso de conexión y 75 parques con casi 2.000 MW que cuentan ya con declaración de impacto (DIA) favorable–, aunque de momento nada se ha movido. Las otras anulaciones de proyectos por parte del TSXG tendrán que resolverse una a una a través de recursos de casación en el Supremo, como sucedió con el parque Corme; y queda por ver cómo se resuelven las suspensiones cautelares de otros que se ordenaron por las mismas causas: el momento de los informes sectoriales y el recorte de plazos de exposición pública.

“Es una situación extraña”, admiten los responsables de promotoras consultadas por FARO. Entre las empresas coge cada vez más fuerza la posibilidad de reclamar daños y perjuicios ante los efectos de la paralización judicial de proyectos. Retrasos con los contratistas, con el suministro de maquinaria... “Las turbinas y los transformadores pueden tardar hasta 15 meses en llegar”, recuerdan. Como adelantó este periódico, hay más de un centenar de contenciosos abiertos por parte de organizaciones vinculadas al movimiento “Eólica, así no” –además de unos 2.000 recursos administrativos– que afectan a todos los parques que lograron declaración de impacto ambiental en los últimos meses para cumplir con los hitos marcados por el Ministerio para la Transición Ecológica para no perder el derecho de acceso a la red eléctrica.

Un sector bloqueado

Que el Tribunal Supremo tumbe las dos principales razones manejadas por el TSXG no garantiza en absoluto el desbloqueo del sector. En uno de sus últimos fallos con la suspensión cautelar del parque eólico Alto de Montouto en los concellos de A Cañiza y Covelo impulsado por la compañía Adelanta Corporación, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo pone en duda el trabajo de los funcionarios. A pesar de que la DIA descarta un impacto por la acumulación de varios parques en las inmediaciones, “verdaderamente, en este momento procesal, no podemos dar por enteramente veraz este documento, ni los informes que lo apoyan tanto administrativos como los aportados por esta vía jurisdiccional”.

El limbo es especialmente complicado para más de una docena de parques que suman unos 300 MW de potencia y que consiguieron la DIA antes. Sus permisos para engancharse a la red eléctrica caducan en el verano del próximo año. El sector le ha pedido a Transición Ecológica que el plazo se suspenda para todos aquellos proyectos judicializados.

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