Una ingeniería gallega denuncia estafa y prevaricación con sus 16 parques eólicos en Castilla y León
Mas Cero Grados acusa a dos empresas de la región de bloquear sus proyectos con el apoyo del ex director general de Energía
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Un parque eólico en la provincia de Pontevedra. | // GUSTAVO SANTOS / julio pérez
Como los planes de la mayoría de empresas del sector, la reforma energética de 2012 que puso punto y final a las primas a las tecnologías verdes por su contribución a la lucha contra el cambio climático metió en un cajón los 16 parques eólicos con cerca de 700 megavatios (MW) de la gallega Mas Cero Grados Estudio en los ayuntamientos de Villaobispo de Otero y Magaz de Cepeda, en la provincia de León. La firma de arquitectura, interiorismo e ingeniería renovable llevaba trabajando casi una década en el macroproyecto El Manzanal. Era la joya de la corona de su cartera, con un valor estimado de 250 millones de euros, una vez llegase a la fase ready to build (listo para la construcción). Los parques consiguieron las prelicencias municipales, pero la Junta de Castilla y León frenó la tramitación administrativa al considerar que la hoja de cálculo remitida por Mas Cero Grados Estudio para acreditar la capacidad financiera de la empresa era insuficiente.
Sí le valió esa misma fórmula para certificar la autosuficiencia a la que después fue su rival en la zona, el Grupo Lamelas Viloria, contra la que Mas Cero Grados acaba de interponer una denuncia por estafa. Acusa a sus responsables, Manuel Lamelas Viloria y Pedro García Merayo, de estar en connivencia con Carmen Saavedra, de la compañía Saavedra Wind –que teóricamente era socia de la empresa con sede en Santiago de Compostela para sacar adelante los 16 parques– para “asegurarse” que el trámite de competencia abierto por la administración autonómica para resolver quién explotaría la zona “sería resuelto a su favor, gracias a la influencia histórica que tiene el grupo Lamelas Viloria en la Junta de Castilla y León, contando con la cooperación” de Alfonso Arroyo, en ese momento director general de Energía y Minas, al que la denuncia señala como posible autor de un delito de prevaricación.
Contacto con Saavedra
Con la recuperación del sector renovable, Mas Cero Grados decidió en 2018 retomar sus planes y buscó posibles aliados para ganar músculo inversor. Fue Carmen Saavedra, según figura en la denuncia, la que contactó con la dirección de la empresa gallega, “asegurando en todo momento que disponía tanto de los medios económicos requeridos, como de los conocimientos técnicos necesarios” para gestionar los permisos de acceso y conexión en Red Eléctrica. Saavedra puso como condición la realización de una auditoría para “valorar la viabilidad del proyecto”. Se encargó en octubre de 2019 y hasta julio de 2020 no se entregaron los resultados.
Durante todo ese tiempo, el responsable de Mas Cero Grados, José Antonio Fernández Chico, “le insistía en la urgencia de iniciar cuanto antes la tramitación administrativa” ante el riesgo de que apareciesen otros posibles candidatos en esas mismas áreas de desarrollo. Así fue. El 28 de julio de 2020 salieron a exposición pública cuatro parques del Grupo Lamelas Viloria que, en caso de autorizarse, dejarían la potencia posible de los proyectos de Mas Cero Grados “muy reducida”. Para continuar con el proceso, Carmen Saavedra exigió, según consta en la denuncia, la cesión de los derechos de superficie que el proyecto de la empresa compostelana tenía ya firmados con los propietarios de los terrenos. El equipo de Fernández Chico accedió, sin pago de por medio incluso, “porque si esos proyectos no se presentaban en competencia dentro del plazo, el denunciante perdía la posibilidad” de desarrollar El Manzanal.
"Irregularidades" e "resolución injusta"
Mas Cero Grados asegura que su presunta aliada “retrasó cuanto pudo la solicitud de la autorización administrativa”. Que hubo “engaño y maquinación” porque “ni tenía capacidad” ni “todavía más grave, tenía el propósito de realizar” las tareas previstas. “No solo engañó dolosamente respecto a su capacidad técnica y económica, sino que estaba confabulada” –dice el denunciante– con el Grupo Lamelas Viloria, que finalmente se impuso en el trámite de competencia después de que la Junta de Castilla y León desestimase las alegaciones presentadas contra sus parques. Mas Cero Grados habla de “irregularidades” en esos proyectos (en la acreditación de la capacidad financiera, los derechos de superficie o el propio diseño de los complejos de aerogeneradores) y de una resolución “arbitraria y a sabiendas de su injusticia y legalidad” del ex alto cargo de la administración leonesa.
Cuando Mas Cero Grados requirió a Saavedra la resolución, esta, asegura la firma gallega, solo le remitió la primera y última página, “lo que impidió al denunciante conocer la fecha de notificación” para poder presentar un recurso. Como la abogada de Mas Cero Grados exigió en ese mismo momento vía mail a Saavedra. Nunca se formalizó.
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