Aunque la presente legislatura no sirva como una referencia en perennidad, la última vez que la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) tuvo presidente Mariano Rajoy contaba con terminar su mandato; había sorteado sin dificultad la moción de censura planteada por Unidos Podemos, y el político que acabaría por rematar su carrera, Pedro Sánchez, observaba los plenos desde el gallinero del Congreso, como los visitantes en días de puertas abiertas. Han pasado en suma 392 días sin que la patronal gallega haya sido capaz de cubrir el hueco de Antón Arias Díaz-Eimil, el segundo líder más efímero de la historia de la confederación (después de Antonio Dieter Moure, que aguantó diez meses). La CEG quiso celebrar comicios el pasado julio, pero no se presentó nadie. Hoy sus vocales deciden, en asamblea extraordinaria urgente, si los nuevos estatutos son el camino para revertir esta situación de interinidad y, de paso, guardar bajo llave el hacha de guerra entre norte y sur. Si son la llave de la "modernización". Lo harán en un clima de aparente tregua entre bandos que, anticipan, volverán a las trincheras según el resultado.

Existe un grupo "compacto" conformado por las patronales provinciales de Pontevedra y Ourense y las 17 sectoriales, según apuntan fuentes de estas últimas. Esta facción está a favor de la reforma estatutaria, que implica un cambio radical en el manejo de la CEG. Por ejemplo, con la posibilidad de que una única persona pueda acudir a la asamblea general (comité ejecutivo o junta directiva) con decenas de votos delegados. "Cada asistente a la asamblea general podrá ostentar como máximo dos delegaciones de representación y voto", dice la nueva redacción, que pretende poner coto a una práctica que muchos vocales definen como carretaxe y que, en la práctica, ha otorgado un poder omnímodo sobre determinadas confederaciones y ha enterrado voces díscolas. Como la del presidente de la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro (Cegasal), José Antonio Vázquez, que fue cesado como vicepresidente de la patronal coruñesa por desavenencias con su líder, Antonio Fontenla. La postura que hoy desempeñen, precisamente, A Coruña y Lugo será determinante para la aprobación de los estatutos. Será necesario el voto favorable del 75% de los sufragios emitidos, tanto de asistentes como de representados (y puede haber carretaxe).

Con la nueva redacción Fontenla no podría haber compatibilizado, como hizo entre 2001 y 2013, las presidencias de la patronal gallega y coruñesa. "En ningún caso el presidente [de la CEG] podrá desempeñar simultáneamente el cargo de presidente en las confederaciones provinciales u organizaciones sectoriales. Una vez elegido presidente [de la CEG], tendrá un plazo de un mes para renunciar al cargo que sea incompatible", añade el nuevo texto. El coruñés está en su cuarto mandato en la patronal coruñesa, que expira en 2020. No ha tenido rivales. Su homólogo en Lugo, Jaime López, compatibilizó su cargo con el de secretario general de la CEG. No podría volverlo a hacer. "La de mañana [por hoy] será una jornada a todo o nada", analizan vocales consultados. Si prospera la propuesta, estos estatutos serán los de aplicación en las elecciones a la presidencia, convocadas ya para el 10 de mayo.