El ministerio descarta la cesión gratuita del centro de salud y exige dinero al Concello

El tacticismo en política es una herramienta muy valiosa y el grupo de gobierno de Lalín la manejó, a tenor de lo acontecido ayer en pleno, para jugar sus bazas en la recuperación del edificio del actual ambulatorio cuando quede libre con el traslado al Centro de Integral de Saúde (CIS). Ayer la corporación aprobó una iniciativa del ejecutivo local en la que se pide a la Xunta la puesta en marcha de un centro de conciliación –con espacios compartidos para infancia y propios de un centro de día residencial– con el mencionado inmueble como lugar elegido para su creación. Una hora antes el alcalde, José Crespo, ya advirtió que la cesión gratuita del ambulatorio no era posible pues el ministerio le había trasladado que “había que pagar” por su traspaso al ayuntamiento. El PSOE exigió al alcalde que se disculpase por haber ridiculizado hace un año una propuesta semejante sobre re el traspaso del edificio sanitario.

Teniendo en cuenta que el ejecutivo no está dispuesto a desembolsar dinero por un edificio que lleva años apuntalado y a la espera del resultado de otras estrategias de Crespo, el nuevo espacio de conciliación o bien se crea en otro lugar o su materialización va para largo. El alcalde, que se ausentó de la sesión para acudir a una reunión en la consellería por la puesta en marcha del CIS, replicó a las críticas de la oposición sobre la escasa dimensión del complejo sanitario indicando que lo que desea es que cuando arranque lo haga a pleno rendimiento y duda de que sea antes de las fiestas patronales. Insistió en que, con cuestiones organizativas pendientes, hay que aspirar a que a medio plazo el centro funcione como un hospital de día.

La oposición volvió a recriminarle la tardanza en la entrada en funcionamiento o el escaso número de plazas de estacionamiento que habrá. Una de las soluciones, a la espera de hacerse con más terrenos para ganar más espacio de aparcamiento, es que los profesionales usen una finca anexa para dejar sus vehículos. El regidor apeló al salto cuantitativo y cualitativo que experimentará la sanidad y desveló que no renuncia a que el CIS cuente con servicio de TAC y de resonancia magnética, pero mientras tanto propone que el Sergas convenie estas pruebas diagnósticas con empresas privadas del municipio.

Por otro lado, el BNG defendió una moción en la que buscaba que los representantes municipales se posicionasen contra el proyecto de la planta de Altri en Palas de Rei. Su portavoz, Francisco Vilariño, acusó al Partido Popular de ejercer como comercial de un “proyecto colonizador y depredador” que castigará el medio ambiente y que además contribuirá más si cabe a aumentar la plantación de eucalipto en su ámbito de influencia. Aseguró que el grupo empresarial luso desea recalar en Galicia porque en Portugal no fue admitido. Tanto PSOE como Compromiso respaldaron la propuesta del BNG. La portavoz socialista, Alba Forno, dijo que con los datos que se conocen del proyecto es prudente pensar que no será beneficioso, que existen informes contradictorios y que confía en que las administraciones públicas competentes puedan frenar la factoría de producción de pasta de celulosa soluble y de lyocell. O que la Unión Europea, por las mismas razones, no apruebe la financiación que demanda la promotora. El portavoz de Compromiso, Rafael Cuíña, aseguró que ante un proyecto de esta dimensión, sobre todo económica, existen movimientos relevantes que le hacen pensar en que promotores y partes implicadas buscarán si es preciso un cambio normativo que abra la puerta a la factoría de Palas, si bien mostró confianza en que Xunta, Estado y Unión Europea velasen con firmeza porque el proyecto cumpliese.

El portavoz del gobierno, Avelino Souto, cargó con dureza contra el BNG, “os do non” y manifestó que este partido continúa anclado en el pasado y prefiere una “Galicia en la que la gente ande en taparrabos y las vacas paciendo por las cunetas”, aunque, dijo, la realidad es que Galicia es un territorio moderno. “La AP-9 era una navallada a Galicia; votáis a favor del lobo y en contra de las vacas o en contra de los ganaderos en la Unión Europea”, espetó. Souto apeló a la prudencia y a los dictámenes de los organismos públicos, que, a bajo su criterio, serán los que abran o cierren la puerta a Altri. Con el voto contrario del PP casi anunciado, el edil acusó al BNG de utilizar la “mentira” y la “manipulación” en el análisis de un proyecto que inicialmente era bien visto por los nacionalistas. Vilariño recordó como técnicos de la Xunta informaron a favor de proyectos energéticos, luego tumbados por la Justicia.

Polémica por el cobro de entrada para la piscina

El gobierno justificó que se retomase el cobro por el acceso a las piscinas exteriores después de escuchar a algunas familias, quienes pidieron que se estableciese algún mecanismo de control de acceso para evitar incidencias o que algunas personas tomasen la instalación casi de forma permanente. Esta postura no convenció a la oposición, que citó otras subidas de impuestos, tasas y precios públicos en este mandato, que dan como resultado una mayor carga económica para las familias. Vilariño, Forno y Teresa Varela (Compromiso) indicaron que en el expediente consta una recaudación estimada de más de 7.000 euros a los que hay que añadir otros tantos de una subvención, cuando el ejecutivo indicó que los ingresos por accesos en la campaña de verano apenas rebasan los 2.000 euros. Sobre el control de accesos, trasladaron al gobierno que se podía hacer sin recuperar un pago que no establece bonificaciones para familias numerosas o para colectivos vulnerables. Sobre la modificación de este precio público, Francisco Vilariño apuntó que ni siquiera entrará en vigor el 1 de julio por los trámites preceptivos y por tanto los primeros días no se podrá cobrar a los vecinos, cuestión que para el nacionalista pone en evidencia una vez más la improvisación del grupo de gobierno y su incapacidad gestora. Souto adujo que no estaba previsto retomar este año el cobro de la entrada y que la decisión se tomó a última hora después de escuchar a este grupo de personas.

Pozo do Boi

En otro orden de cosas, el Concello acometerá mejoras en la playa fluvial de Pozo do Boi, que en ningún caso pasarán por instalar muchos más bancos o rehabilitar las parrillas, pues en este último caso su uso está prohibido. La moción fue defendida por Miguel Medela, de Compromiso, y replicada por Raquel Lorenzo.

Un marco reglamentario para las mociones ciudadanas

El PSOE propuso una modificación en el orden del día para sustituir una iniciativa sobre la creación de un archivo por otra relativa a la negativa del gobierno a admitir a debate una moción ciudadana contraria a la implantación de la zona azul en la calle Areal. Su edil Anxo Álvarez acusó al ejecutivo de no respetar una propuesta avalada por más de 400 firmas, al margen de que el reglamento impulsado por el cuatripartito no fuese aprobado de manera definitiva. Más duro fue Vilariño, quien arremetió contra “la prepotencia” de un gobierno sin “voluntad democrática” y presumió de que el BNG fue el único partido que se posicionó desde el primer momento contra la zona azul en Areal. Cuíña, por su parte, aplaudió que una vecina impulsase esta iniciativa, al tiempo que citó que la representación de la ciudadanía recae precisamente en el pleno.

Souto abrió su intervención reprochando a la oposición que en cuatro años de gobierno de coalición no aprobase este reglamento y, sin verbalizarlo, dejó caer que, como había manifestado el alcalde hace un par de semanas, la zona azul en esta calle no tiene vuelta atrás. Incluso aludió al incremento del voto de los vecinos de esta calle en las pasadas elecciones europeas. Indicó que de las 400 firmas, apenas un centenar corresponden a residentes en esta calle. Para Álvarez, la relevancia recae en el número de firmas, sean o no de vecinos de la zona, mientras que Vilariño anunció que si el gobierno va a amordazar a los impulsores de esta moción ciudadana, el BNG traerá una propia en el próximo pleno.

Empadronamientos

Vilariño preguntó al gobierno por casos de empadronamientos en viviendas cuyos propietarios desconocen y deslizó que el gobierno podría ser conocedor de estas prácticas. Propuso que este asunto se abordase en comisiones informativas, mientras que su compañera, Ariadna Fernández, desautorizó a la organización del certamen Miss Grand Galicia.