El Concello de Lalín ha iniciado un goteo de notificaciones a entidades financieras propietarias de inmuebles sin acabar. Primero fue la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) la que en agosto pasado recibió un primer mandato para acondicionar el bloque de viviendas con fachada a las calles Joaquín Loriga, Molinera y Rosalía de Castro y ahora ha puesto el ojo en otra promoción situada en la calle Xazmíns, en el barrio de Villa Flores.

Mediante un acuerdo de la junta de gobierno del pasado día 26 de noviembre, la administración municipal expone que en marzo de este año ordenó a la entidad Altamira Santander Real Estate SA la ejecución a su costa de los trabajos necesarios con la finalidad de dotar al inmueble -emplazado al lado del número 8 de la citada rúa- de las condiciones de seguridad y ornato de las que carece, otorgándole un plazo de un mes. Practicada esta notificación y transcurridos diez días desde la puesta a disposición, la entidad no accedió a su contenido. Transcurrido el plazo, el 30 de mayo de este año la inspección de Obras emite un informe en el que se constata que la orden de ejecución no fue atendida. En consecuencia, la junta de gobierno asume una disposición de la Lei do Solo de Galicia, que establece que en casos de incumplimientos de este tipo, la administración local procederá a la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables trimestralmente. Y, finalmente, se acuerda proceder a la ejecución forzosa del dictamen de la junta de gobierno mediante la imposición a la sociedad inmobiliaria del Banco Santander de una primera multa por importe de 1.000 euros.

El inmueble en cuestión fue asumido, como muchos otros en el núcleo urbano lalinense, por una entidad financiera al frustrarse el proyecto de una inmobiliaria. Parte de estos pisos fueron traspasados por algunas sociedades crediticias al conocido como banco malo, la Sareb, que en la localidad dispone de decenas de viviendas para ser comercializadas, pero que, debido a la desorbitada oferta de los años más prolíficos del sector del ladrillo, no es capaz de colocar.

Precisamente este órgano estatal creado para liberar el amplio patrimonio inmobiliario endosado por empresas o entidades financieras debe responder ante el Concello por otra construcción que tiene en la calle Loriga. El pasado 29 de octubre el gobierno municipal otorgaba a la Sareb un plazo de un mes para que acometiese los trabajos necesarios para dotar de medidas de seguridad y ornato a una promoción céntrica que había sido impulsada por la extinta empresa Proinsa. El inmueble pasó primero a manos de un banco, que luego traspasó a su vez la propiedad a la sociedad estatal. Concluía que si transcurrido el plazo se hacía caso omiso al requerimiento, se procedería a la ejecución forzosa del acuerdo de la junta de gobierno, consistente en la imposición de multas coercitivas, en cuantía de 1.000 euros cada una, reiterables trimestralmente. El expediente parte de una inspección urbanística practicada el 21 de mayo de este año, en la que el técnico municipal informa del incumplimiento del deber del propietario de rematar la edificación para la cual se había concedido la preceptiva licencia.